La Audiencia de Málaga ha absuelto a un empleado del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), acusado de no ingresar en la cuenta de recaudación distintas cantidades de dinero procedentes de tributos municipales, que sumaron 58.000 euros, tras considerar un jurado que no quedó probado que se quedara con el dinero.

Según se declara probado en la resolución, el acusado era administrativo en régimen laboral y estaba adscrito a la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, desempeñando, entre otras funciones, el cargo de habilitado de tesorería para manejo de fondos y valores, trabajo que realizaba hasta 2005.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, pone de manifiesto que en el año 2004 el procesado dejó de contabilizar en el sistema informático e ingresar las cantidades correspondientes a tributos municipales que durante ese periodo se había cobrado en efectivo en la Tenencia.

Durante ese tiempo, se señala, el imputado estuvo 180 días de baja por enfermedad, fallecimiento de un familiar y vacaciones, aunque no fue sustituido por ningún otro funcionario, pese a lo cual se hizo cargo de las autoliquidaciones que los otros empleados le iban dejando en sobres en la caja fuerte.

En la resolución se precisa que esa caja fuerte existente en la tenencia "carecía de clave o contraseña", habiendo una llave de la que, además del hombre, tenían acceso otros dos compañeros que utilizaron para guardar las liquidaciones mientras éste estaba de baja laboral.

Cuando se le pidió al acusado que realizase la contabilidad de las autoliquidaciones percibidas "lo llevó a cabo con las solicitudes y autoliquidaciones que se habían efectuado, procediendo a ingresar sucesivamente 21.000 y 9.717 euros, no pudiendo realizar o ajustar la contabilidad en cuanto a los restantes 27.388 euros".

Esto no pudo hacerlo porque "nunca se le habían entregado dicho importe ni sus correspondientes autoliquidaciones, las cuales fueron realizadas por el personal de la oficina", indica la sentencia, en la que se señala que a consecuencia de las irregularidades detectadas se llevó a cabo una inspección.

El resultado fue que el acusado fue condenado en sentencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en 2007 "al pago de la cantidad de 27.388 euros como responsable contable de los fondos recaudados y no ingresados en la caja principales de la Tesorería municipal, siendo abonada la cantidad por el mismo".

El ministerio fiscal acusó al hombre de un delito continuado de malversación de caudales públicos, aunque tras la celebración del juicio, el Tribunal popular considera que "no ha resultado probado que el acusado hiciera suyas las cantidades mencionadas con ánimo de enriquecerse injustamente".

Los miembros del jurado consideran probado algunos extremos de la acusación, pero no la existencia de un delito de malversación, al estimar que no está corroborado que hiciera suyo el dinero "ni que con su actuar tuviere intención de enriquecerse", según las pruebas practicadas en el juicio, sobre todo declaración de testigos.

El jurado entendió que los superiores del hombre "conocían perfectamente la situación que se estaba produciendo no sólo porque el acusado solicitó que se nombrase a alguien para que le sustituyese sino porque los propios compañeros, recibieron la orden del teniente de alcalde de que colaborasen en las funciones ante las ausencias".

En conclusión, el Tribunal popular considera que aunque han quedado probados algunos elementos del delito de malversación, la condición de funcionario, el carácter de caudales públicos y los descuadres contables, entienden que no concurre uno de los elementos esenciales, la intención de enriquecerse, es decir, el ánimo de lucro.

Así, los jurados han tenido en cuenta el principio in dubio pro reo, pues "han manifestado de forma clara y directa las diversas dudas en cuanto a la autoría del imputado, refiriéndose en repetidas ocasiones a la fácil disponibilidad de la llave que abría la caja donde se guardaba el dinero".

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