El Gobierno cree que la Legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no permiten disolver una manifestación pacífica, aunque esta no esté autorizada, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes recuerdan que hay que tener presente a la hora de tomar cualquier decisión al respecto la Ley de Seguridad Ciudadana, el derecho de reunión y la sentencia del TEDH en la que se pide a los poderes públicos que tengan "especial tolerancia" cuando la protesta no es violenta. (

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