FSP-FETE-UGT han iniciado la tramitación judicial contra la orden del Gobierno de Canarias que en opinión del sindicato atenta contra la orden que recorta los derechos de los funcionarios, según se desprende en un comunicado del sindicato que ha asegurado que esta es la "única forma" de impedir que se vulneren leyes fundamentales "sin negociación colectiva".

La tramitación judicial contra del acuerdo del Gobierno de Canarias de 22 de octubre —"en el que se imponen medidas que vulneran leyes fundamentales y derechos de los trabajadores"— ya ha comenzado con la comparecencia de las partes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Boletín Oficial de Canarias del pasado 16 de febrero ordenaba la remisión a dicho juzgado del expediente sobre el recurso contra "las medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas", incluidas en la orden del Ejecutivo e integradas en la Ley de Presupuestos Generales 2011.

El procedimiento especial de amparo judicial fue presentado en noviembre de 2010 por UGT contra la Resolución del Gobierno de Canarias que recorta unilateralmente derechos fundamentales y consolidados de los trabajadores de la Comunidad Autónoma, al suspender ilegítimamente varios artículos del III Convenio Colectivo del Personal Laboral.

FSP y FETE-UGT aseguran que en esta situación la vía legal es la única posibilidad de impedir la vulneración de leyes fundamentales que supone modificar, sin negociación colectiva, aspectos consolidados que la requieren, como condiciones de trabajo, retribuciones, prestaciones sociales y derechos sindicales de los empleados públicos.

El fracaso de las negociaciones entre Administración y sindicatos demostró que no hay otra solución posible a este atropello, habida cuenta, además, de que el cambio de Gobierno derivado de las elecciones retrasaría de forma insostenible el inicio de un nuevo diálogo con otra comisión.

FSP y FETE-UGT confían en que será la Justicia quien impida al Gobierno de Canarias imponer dichas medidas, pues se trata de una vulneración clara del artículo 37. 1. de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios.