La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que aplique la norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar el capital de los bancos y mejorar la política de remuneración de los directivos bancarios. El plazo para incorporar esta directiva a la legislación nacional expiraba el 1 de enero de 2011.

El ultimátum de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).

La directiva en cuestión tiene por objeto garantizar la solvencia financiera de los bancos y sociedades de inversión, así como "atajar la excesiva e imprudente asunción de riesgos en el sector bancario favorecida por unas remuneraciones mal concebidas que han provocado la quiebra de distintas entidades y traído problemas a la sociedad en su conjunto", según ha destacado la Comisión.

"La actual crisis financiera prueba hasta qué punto es importante abordar esos dos aspectos para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto. Si unas normas comunes no se observan en el mismo grado en toda la UE, esto podría dar lugar a lagunas que podrían ser explotadas", ha criticado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Además de a España, el ultimátum afecta también a Eslovenia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal. La Comisión insta también a Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo y Suecia a que den cumplimiento a las partes de la directiva que todavía no han aplicado.

Poco después de que se conociera la noticia, el Ministerio de Economía y Hacienda ha remitido un comunicado en el que se asegura que España ya ha traspuesto a su normativa interna la mayor parte de la directiva europea de requisitos de capital.

De hecho, el departamento dirigido por Elena Salgado subraya que la directiva se encuentra ya traspuesta "en su práctica totalidad" y, desde luego, a través de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información a intermediarios financieros. Además, las obligaciones sobre remuneraciones recogidas en la norma española se aplican con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011, tal y como se establece en la directiva.

De la misma forma, el Ministerio asegura que la parte restante de la trasposición, de índole técnica y carácter reglamentario, quedará completada con la "inminente" aprobación del Real Decreto que modifica el texto sobre los recursos propios de las entidades que se encuentra en una fase "muy avanzada" de tramitación.

Asimismo, recuerda que, previamente a la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Banco de España ya tenía y ejercía de manera efectiva capacidad de supervisión de las remuneraciones de los directivos del sector financiero. Finalmente, el departamento económico señala que la directiva europea se aprobó en gran medida a merced del impulso político que le dio España cuando ocupó la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el año 2010.