La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias previas por la supuesta alteración del censo en Lanjarón (Granada) durante las pasadas elecciones municipales de 2007 y ha ordenado tomar declaración en calidad de imputada a la parlamentaria del PP, Carmen Lidia Reyes, presuntamente implicada en el caso en el que también están acusados el que fuera alcalde del municipio, el 'popular' José Rubio, la concejal Francisca Gallardo y la secretaria general del PP en Lanjarón, Sonia Gutiérrez Quiles.

En un auto fechado el 18 de abril de 2011, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala entiende que Reyes, que es aforada por su condición de parlamentaria, pudo ser "cooperadora" en la comisión del delito contemplado en el artículo 139.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General —"incumplimiento de las normas legalmente establecidas para la formación (...) del censo electoral—.

La decisión del Alto Tribunal andaluz se produce sin embargo después de que la Fiscalía Superior pidiese la "inadmisión de la denuncia", teniendo en cuenta que el delito atribuido a la parlamentaria exige que el autor tenga la consideración de "funcionario público", que no era el caso, ya que Reyes era entonces concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento pero no tenía encomendada "función alguna referida al censo".

Pese a esta argumentación del Ministerio Público, la Sala señala que "aunque no pudiera ser reprochable penalmente el hecho en sí de la solicitud de un de empadronamiento con datos falsos sobre la residencia habitual que habilita para dicho empadronamiento y no siendo posible la comisión como autor "de propia mano" del delito por quienes no actúan en el ejercicio de su cargo como funcionarios, "sí cabe sin embargo imputar indiciariamente responsabilidad penal a Carmen Lidia Reyes" en calidad de "cooperadora" en dicho delito "en la medida que se considere acreditado que de acuerdo con el alcalde en el objetivo de lograr la inclusión en el padrón de personas que no residían habitualmente en Lanjarón "con la única finalidad de incrementar el voto a la candidatura de su partido político".

En ese sentido, el TSJA indica que el "paralelismo" en las "masivas" solicitudes de empadronamiento presentadas en los días 29,30 y 31 de enero de 2007 y los "indicios" de que en muchos de los casos "se trataba de personas que no tenían su residencia habitual en Lanjarón" permiten sostener que pudo haber un "acuerdo de voluntades" entre, "al menos", los cuatro imputados, "a fin de lograr un incremento fraudulento de potenciales votantes de su partido político en aquellas elecciones mediante la inclusión en el padrón municipal, y por tanto en el censo, para lo que a continuación los imputados "presuntamente sugirieron a dichas personas que tramitasen la solicitud", encargándose "personalmente" de ello.

Así las cosas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía Superior tendrá que decidir ahora si recurrir el auto o aceptarlo.