Chaves reconoció que la disolución del consistorio marbellí es una decisión "muy grave desde el punto de vista institucional y administrativo" y confesó que la Junta, antes de tomar alguna determinación, debe "valorar y sopesar" las actuaciones judiciales que están teniendo lugar.

El presidente de la Junta recordó que en el año 2003, cuando el PP estaba al frente de Gobierno nacional, ya se planteó la posibilidad de disolver el Ayuntamiento de Marbella y se consideró que "no había motivo suficiente".

Destacó que "pese a que estamos en una situación nueva", la Junta debe "sopesar y valorar".

En este sentido, subrayó que cualquier decisión que tome el ejecutivo autonómico "debe estar fundamentada jurídicamente" para "no correr ningún riesgo desde el punto de vista judicial", ya que, según explicó, "la Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos locales".

La Ley no permite un adelanto electoral

Asimismo, se lamentó de que diversos dirigentes políticos reclamen el adelanto de elecciones municipales porque ésta "no es una decisión política", sino que "la Ley no lo permite en estos momentos".

Esto se debe a que no ha transcurrido el plazo exigido desde las últimas elecciones para volver a convocarlas.

¿Por qué la Junta no actuó antes?

Respecto a las críticas a la Junta de Andalucía por no haber actuado antes en Marbella, Chaves recordó que la Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos autonómicos y locales y aseveró que "en nuestro estado de derecho la responsabilidad también es autónoma".

En este sentido, aseguró que "el único medio que ha tenido en sus manos la Junta es acudir a los tribunales para impedir acuerdos que estime contrarios al derecho", y señaló que, desde que Jesús Gil accedió a la alcaldía de la localidad, el gobierno regional "lo ha hecho en más de 400 ocasiones".

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