El Pleno del Congreso votará el próximo jueves 26 de mayo la convalidación del real decreto ley por el que se adoptan "medidas urgentes" para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia), según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Ese decreto ley, que ya está en vigor, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, 13 de mayo, dos días después del terremoto que causó nueve muertos.

En aquella rueda de prensa, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el texto final recoge incorporaciones fruto de los análisis realizados por los Ministerios de Cultura, el de Industria, Turismo y Comercio, y el de Educación.

Por ejemplo, Cultura envió a un experto en patrimonio que observó que los desperfectos eran "cuantiosos, igual que en el resto de la ciudad" y que, debido a la importancia del patrimonio cultural, —fuente importante de ingresos para la localidad— repercutirá en la recuperación de la normalidad. Asimismo, el Ministerio de Educación trabajará en la rehabilitación de colegios para "recuperar la normativa escolar".

Una propuesta conjunta

En concreto, el pliego de medidas ha sido acordado a propuesta conjunta de los Ministros del Interior, de Defensa, de Economía y Hacienda, de Trabajo e Inmigración, de Política Territorial y Administración Pública, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Fomento, de Sanidad, Política Social e Igualdad, y de la Presidencia, así como representantes de la comunidad autónoma y de la localidad afectada, con el objeto de paliar el suceso "más grave de este tipo acaecido en España en los últimos años".

El texto valora que la intensidad de este fenómeno ha producido "numerosas" consecuencias catastróficas, entre las que cabe destacar el "desgraciado fallecimiento de nueve personas" y dos centenares de heridos a causa de los desprendimientos de cascotes de los edificios.

Esto exige, según el decreto ley, "desde el principio constitucional de solidaridad, la adopción de medidas paliativas y reparadoras, por parte de los Poderes Públicos, que contribuyan al restablecimiento de la normalidad en la zona".

18.000

Euros a familiares de víctimas

Concretamente, el decreto ley concede 18.000 euros a los familiares directos de las personas fallecidas y una cantidad idéntica se entregará en el supuesto de heridos con incapacidad absoluta y permanente, siendo el beneficiario de la ayuda la persona que así sea declarada.

En materia de vivienda, se entregarán ayudas a particulares por alquileres de viviendas, con un tope máximo de 6.671 euros al años, en el caso de que la vivienda habitual haya resultado totalmente destruida o, debido al mal estado en que hubiera quedado, haya sido precisa su demolición.

A sus ocupantes, si son propietarios, se les financiará el alquiler de una vivienda, y si se encontraban en régimen de alquiler, se les abonará la diferencia entre el anterior y el nuevo alquiler. Además, en el caso de que la reparación de la vivienda siniestrada exija su desalojo, también se financiarán los alquileres correspondientes, tanto si son propietarios como si son arrendatarios.

Esta financiación corresponderá al Ministerio del Interior, que abonará el 50 por ciento de las ayudas a particulares por alquileres y el otro 50 por ciento restante corresponderá a las Administraciones Públicas implicadas, según los acuerdos que alcancen.

Reconstrucción de viviendas

Además, se entregarán ayudas para la reconstrucción o reparación de las viviendas destruidas o dañadas, que serán financiadas al 50 por ciento por el Ministerio de Fomento y el 50 por ciento restante por las otras Administraciones Públicas implicadas, según los acuerdos que se alcancen.

Respecto a las ayudas a las entidades locales, se abonará el 100 por cien de los gastos de emergencia en que hubieran incurrido para garantizar la vida y la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como demolición de edificios, retirada de elementos arquitectónicos dañados, suministro de agua potable, entre otros.

Estos gastos serán financiados en exclusiva por el Ministerio del Interior. Los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública se encargarán, al 50 por ciento como máximo, de financiar las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones correspondientes a servicios esenciales.

Beneficios fiscales

El paquete de ayudas aprobado incluye beneficios fiscales, como exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en relación con viviendas, locales de trabajo y similares; reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas a industrias y establecimientos comerciales; exenciones de tasas de tráfico para tramitación de las bajas de vehículos y expedición de duplicados de permisos de circulación y conducción extraviados; y exenciones por parte de las Entidades Locales en las tasas por expedición de la licencia de obras para la reparación de las viviendas siniestradas.

Finalmente, se articularán mecanismos de coordinación, mediante la creación de una comisión mixta con representantes del Gobierno, Región de Murcia y Ayuntamiento para lograr una "mayor rapidez y agilidad" en la concesión de ayudas, así como una comisión interministerial para el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.