Las escuchas telefónicas de la Operación Karlos se oirán esta semana en Sala

Las conversaciones telefónicas intervenidas en la investigación de la Operación Karlos serán escuchadas a partir de este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz. Las escuchas han sido el principal motivo para que las defensas de los acusados pidieran la nulidad del proceso al considerar que van contra los derechos fundamentales de las personas.
Manuel Grosso, Juez De La Operación Karlos
Manuel Grosso, Juez De La Operación Karlos
EUROPA PRESS/ARCHIVO
Manuel Grosso, Juez De La Operación Karlos

Las conversaciones telefónicas intervenidas en la investigación de la Operación Karlos serán escuchadas a partir de este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz. Las escuchas han sido el principal motivo para que las defensas de los acusados pidieran la nulidad del proceso al considerar que van contra los derechos fundamentales de las personas.

La 'Operación Karlos' surge a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero —uno de los principales imputados— con motivo de una investigación por otra causa, la Operación Halcón.

Este hecho motivó que las defensas reclamaran la nulidad del proceso y, por tanto, el sobreseimiento de la causa, alegando el desconocimiento de la Fiscalía sobre las escuchas, lo que, a su juicio, crea un proceso de indefensión. Por su parte, la Fiscalía defendió la investigación, llegándola a calificar de "impecable". Finalmente, tras las cuestiones previas, el juez, Manuel Grosso, dio por buenas las escuchas y la investigación.

La decisión del Tribunal de la Audiencia Provincial hizo que por el banquillo hayan pasado ya todos los acusados para prestar declaración, tanto los que han llegado a un principio de acuerdo con el Ministerio Fiscal (como es el caso de Carlos Carretero) como los que no (como María José Campanario y su madre, Remedios Torres).

Durante su declaración, Carlos Carretero reconoció los hechos y señaló que el dinero que pedía a los que solicitaban las pensiones lo hacía en función de la cuantía que les iba a quedar y porque se iban a beneficiar de cobrar casi un año más que si la tramitación fuera "por vía normal", ya que Francisco Casto —inspector médico acusado— conseguía que la pensión fuera aprobada en tres o cuatro meses y por vía normal podía tardar unos 18 meses.

Por su parte, el inspector médico Francisco Casto declaró sentirse "engañado" por Carretero y haber "pecado de pardillo". Defendió su inocencia haciendo un repaso del funcionamiento de la Administración para argumentar que los clientes a los que él había hecho reconocimientos le venían designados por un equipo administrativo y no de forma aleatoria. Además, aseguró que "nunca" había recibido dinero de "ninguna persona" y que "jamás" había aceptado un regalo.

María José Campanario y su madre, Remedios Torres, basaron su declaración de inocencia en que fueron "engañadas" por Carlos Carretero, ya que ambas defendieron que lo que querían era que le fuese revisada una invalidez que Remedios Torres tenía reconocida desde finales de los años 90 que entonces era del 54 por ciento. Además, ambas negaron conocer que iba a ser suplantada en un reconocimiento médico.

Una de las últimas declaraciones correspondió a un acusado que reconoció haber sido contratado por Carlos Carretero a modo de mensajero, para recoger y llevar papeles. Asimismo, reconoció su letra en algunos de los documentos presentados para la Seguridad Social pertenecientes supuestamente a Remedios Torres. Un hecho que además fue destacado por el juez, que recordó que la madre de María José Campanario es de Castellón y que los papales estaban "escritos en andaluz", ya que habían puesto "Remedio Torre".

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