El que fuera jefe de la Sección de Minas de la Delegación de la Junta en Valladolid Maurilio P.C. será juzgado a partir de mañana lunes en la Audiencia de Valladolid como autor de un delito continuado de cohecho por presionar, supuestamente, a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran a él y a su hermano, el también acusado Amado P.C, socios de dichas mercantiles como condición para no perjudicarles.

Con carácter provisional, Maurilio P.C. se enfrenta a una posible condena global de seis años de cárcel, en concreto dos años de privación de libertad, seis de inhabilitación y 30.000 euros de multa por delito continuado de cohecho, en concurso con otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y otros cuatro años, multa de 6.750 euros, inhabilitación por tres años por un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 450 euros de multa por una falta de intrusismo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Para su hermano, Amado P.C, la acusación pública interesa también dos años como cooperador necesario en el delito continuado de cohecho, inhabilitación por cinco años y 30.000 euros de multa.

Los hechos, bajo investigación en el último lustro por parte del Juzgado de Instrucción número 1, fueron destapados tras una denuncia tramitada a través del Procurador del Común, Manuel García Álvarez, respecto de una presunta extorsión del entonces jefe de Minas, Maurilio P.C, quien ostentó dicha jefatura en Comisión de Servicios durante distintos periodos entre los años 2000 y 2004, tras la jubilación del anterior responsable que estuvo 22 años.

El Ministerio Fiscal, tal y como refiere en su escrito de acusación, considera como hechos probados que Maurilio P.C. compaginó el puesto de jefe de Minas con el de delegado del Colegio de Ingenieros de Minas, con sede, al igual que el domicilio del acusado, en la calle Marcelo González, donde, además también contaba con oficina la mercantil 'Asesoría Integral a la Minería', cuyo objeto social era coincidente con el ámbito de actuación de la jefatura minera y que fue constituida el 12 de febrero del 2003 por la esposa del imputado, única socia y administradora.

En su relato de hechos, el fiscal sostiene que durante el tiempo en el que Maurilio P. ocupó la Jefatura de Minas utilizó su cargo para "presionar" al empresario Julio César V.F, que había acudido a interesarse por un expediente que tramitaba, con el objetivo de que le hiciera a él o a su hermano, también acusado, socio de su empresa, 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico', constituida el 23 de febrero de 2001, así como para que fuera él mismo el que decidiera quién debería ser el técnico que debía firmar y cobrar los proyectos que presentase la mercantil en la Sección de Minas.

Sus informes y el futuro de la empresa

En caso contrario, le advirtió de que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos como jefe de Minas, y "que si no hablaba bien de ella tendría los días contados", por lo que el empresario se plegó finalmente a tales requerimientos.

Así, el representante de 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico' hizo socio de la misma a Amado P.C, hermano del jefe de Minas, y le vendió 564 acciones por un importe estimado en septiembre del 2002 de 5.640 euros.

Pero además, Julio César V.F. llegó a actuar como letrado de Amado P.C, sin remuneración alguna, en un procedimiento en vía contencioso-administrativa, e incluso se "vio obligado" a pagar 8.432 euros de las obras que Maurilio P. realizó en un piso de su propiedad y que se utilizaba como sede del Colegio Oficial de Minas.

El representante del Ministerio Fiscal entiende que el ex jefe de Minas coaccionó a otros dos empresarios más con igual pretensión al objeto de que contrataran a su hermano o para que fueran firmados por él los proyectos que presentasen, si bien los industriales, representantes de Cementos La Parrilla y Álvarez Fray, no accedieron finalmente a sus pretensiones.