El PP andaluz se compromete en su programa marco para las elecciones municipales del próximo 22 de mayo a "reducir los parques móviles, fomentando el uso de vehículos más eficientes" y a publicar en Internet "mapas de ruido" que se elaborarán en las ciudades con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Así lo recoge la oferta electoral del PP-A para los comicios del 22-M en un apartado específico relativo al medio ambiente, en el que apuesta por promover una política "medioambientalmente responsable" que permita establecer "criterios ecológicos en el planeamiento y desarrollo de pueblos y ciudades".

Dicho documento, consultado por Europa Press, también propone impulsar la aprobación de medidas destinadas a "garantizar la protección del patrimonio arbóreo, incrementando además la superficie de las áreas verdes urbanas", así como "fomentar un uso más racional de los recursos hídricos reduciendo las pérdidas de agua en las redes públicas de abastecimiento, fomentando el ahorro y la reutilización y mejorando los sistemas de depuración de aguas residuales en todos los municipios".

Estrategias locales de calidad del aire

Junto a ello, los 'populares' se inclinan por "optimizar la gestión de los residuos, reduciendo su generación, promoviendo la separación en origen y fomentando el empleo de materiales reciclados y recuperados" y por implantar "estrategias locales de calidad del aire en grandes municipios y áreas industriales fomentando la implantación y uso de energías limpias y medidas de eficiencia y ahorro energético".

Otras medidas planteadas por el PP-A se refieren a la "mejora de la coordinación entre administraciones y la eficacia en las labores de prevención y extinción de incendios forestales" y a la elaboración de "planes de recuperación de espacios degradados, escombreras, vertederos y canteras abandonadas para su transformación en parques públicos y zonas verdes".

Por último, los 'populares' se comprometen a "promover la regularización de las explotaciones mineras siempre que dispongan de la debida autorización de la autoridad minera y ambiental, y puedan adaptarse a la normativa municipal que les sea de aplicación fomentando el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales aplicadas en la industria extractiva con plena preservación de los intereses ciudadanos, paisajísticos, medioambientales y de creación de empleo".