El Gobierno aprobará este viernes, previsiblemente, el anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna, que garantizará los cuidados que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar a los pacientes en sus últimos momentos de vida, para evitar un sufrimiento innecesario.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, han informado de que el texto regulará los derechos de la persona durante el proceso de su fallecimiento y los deberes del personal sanitario.

El consentimiento informado, los cuidados paliativos, la declaración de voluntad vital anticipada, la intervención en el ámbito de la sanidad, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa y la situación terminal son algunas de las cuestiones que recogerá la nueva ley.

Si finalmente el Consejo de Ministros decide dar el visto bueno al anteproyecto, pasará directamente a los órganos consultivos y al Consejo Interterritorial de Salud para su puesta en común entre las comunidades autónomas y, de ahí, a su posterior debate en las Cortes Generales.

Con ello, el Ejecutivo pretende unificar la normativa en el conjunto del Estado después de que Aragón se convirtiera en la segunda comunidad que aprueba una ley de este tipo, siguiendo a Andalucía, que fue pionera en este ámbito.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha explicado, al desgranar los pormenores de este texto legislativo, que éste es el momento de construir un modelo común para todo el Sistema Nacional de Salud sobre los cuidados paliativos, independientemente de donde residan los ciudadanos.

Pajín ha subrayado que "los cuidados paliativos no son un privilegio sino un derecho" y que el Gobierno tiene la "obligación ética" de elaborar esta normativa.

Así, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con este proyecto porque, según ha esgrimido a modo de ejemplo, el 60% de los pacientes con cáncer y el 30% de los enfermos no oncológicos necesitan cuidados paliativos.

El texto pretende regular el acceso a los cuidados paliativos para mitigar el dolor en enfermos terminales, garantizar sus derechos en la última etapa de su vida y proporcionar seguridad a los profesionales de la sanidad que trabajan en este campo.

La ministra ha asegurado en numerosas ocasiones que esta normativa no regula la eutanasia, sino que pretende paliar el sufrimiento de las personas con patologías irreversibles.

También ha expresado su voluntad de que la iniciativa fuera fruto del consenso con todos los sectores, incluidos los colectivos cristianos.

El objetivo de la nueva ley será aportar "seguridad" a los profesionales del sistema sanitario, que ofrecen "su mejor formación y su mejor vocación a los pacientes", pero, sobre todo, "aliviar el dolor", respetar la voluntad y ofrecer "el mejor tratamiento" a una persona en la última fase de su existencia.

"Hablamos de hombres y mujeres con enfermedades irreversibles, que en los últimos días de su vida tienen derecho a no sufrir, a que les mitiguemos el dolor y les demos toda la dignidad que las leyes seamos capaces de generar", ha apuntado en este sentido.

La titular de Sanidad se ha comprometido a trabajar "con todos y cada uno" de los sectores profesionales, las organizaciones de pacientes, los expertos en cuidados paliativos y "las organizaciones cristianas", a fin de que esta ley sea "consensuada dentro y fuera del Parlamento español.