El juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo ha desestimado la demanda por vulneración e intromisión ilegítima del derecho fundamental al honor que había puesto Ediciones y Comunicaciones (Edicom) a los concejales del Ayuntamiento de Oviedo, Jaime Reinares y Alberto Mortera, al diputado regional Agustín Cuervas-Mons, y al PP.

Edicom había recurrido a los tribunales ante las declaraciones de los dirigentes del PP relativas a la empresa y a su directora, la ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero, y a UGT. La sentencia, consultada por Europa Press, basa su decisión en el respeto a la libertad de opinión.

Las declaraciones del PP incluían expresiones como "tinglao", "choricero", "trincar", "chiringuito" o "parásito". Pero la sentencia las califica de "opinión", y las enmarca en la "crítica política", sin que constituyan delito.

Satisfacción en edicom

No obstante, el juez señala en sus fundamentos de derecho que "no existe elemento alguno que permita considerar, no ya indicio alguno de ilicitud penal en la contratación administrativa de Edicom por parte de organismos públicos, sino incluso de ilegalidades o irregularidades generalizadas". Así, ha dicho resultan en este sentido "concluyentes" tanto el informe del Servicio Jurídico del Principado y la Sindicatura de Cuentas. Por lo tanto, desde Edicom sostienen que este argumento incluido en la sentencia prueba que la sociedad no tuvo contratacion ilegal alguna con la administración, tal y como decía el PP.

Además, han destacado que Edicom se sometió a una "exhaustiva prueba pericial" a petición de los demandados, en la que se examinaron los últimos cinco ejercicios, concluyendo el perito judicial en que la actividad económica de Edicom es "absolutamente normal". La empresa ha manifestado así su satisfacción porque se ha reconocido en sede judicial "la honestidad corporativa que trataron de poner en tela de juicio los demandados".

En otro orden de cosas, Edicom respeta pero no comparte el argumento empleado para desestimar la demanda. Además, resaltan que el juez no impone a la empresa las costas del juicio relativas a Jaime Reinares y Alberto Mortera, "que además tendrán que hacerse cargo del pago de la prueba pericial por ellos solicitada, que ascendió a más de 8.000 euros".