El sindicato CSIF-A ha presentado este jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos contenciosos administrativos por la vía especial de protección de los derechos fundamentales de las personas contra los diversos estatutos de las agencias creadas con la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz 1/2011, aprobada por la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la central sindical en una nota, en concreto, CSIF-A ha presentado por el momento recursos contenciosos administrativos contra la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía; la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía; Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía; Servicio Andaluz de Empleo; Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Al tener su sede en Granada, los recursos, elaborados por la asesoría jurídica de CSIF-A y coordinados por la letrada Marta Jiménez Bermejo, fueron presentados, en nombre de la Unión Autonómica de CSIF-A, por la presidenta de la Unión Provincial de Granada, Mercedes Casares, la presidenta provincial del sector de Administración General de la Junta de Andalucía, María Teresa Merlo, así como por la procuradora de CSIF-A, Yolanda Reinoso.

CSIF-A ha optado por interponer los recursos por la vía de protección de los derechos fundamentales sólo diez días después de la publicación de los diversos estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), "dada la gravedad de los derechos que CSIF-A entiende conculcados".

Con estos recursos, CSIF-A pone de nuevo de manifiesto su "frontal oposición" a la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz y todo el entramado legal que ésta conlleva porque, a su juicio, "se vulneran los derechos e intereses del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía al propiciarse una integración ilegal y discriminatoria para los funcionarios de más de 25.000 contratados de entidades instrumentales de la que considerada 'ilegal' Administración Paralela de la Junta de Andalucía, propiciadora de casos tan sangrantes como los ERE fraudulentos".