Las compañías, once con domicilio social en A Coruña, se deshacían de piedras, materiales cerámicos y hormigón en lugares no autorizados, contribuyendo a la formación de vertederos incontrolados. La ley obliga a las empresas del sector a gestionar los residuos que originan, por lo que estos vertidos «causan un evidente perjuicio al medio ambiente y a las empresas que sí cumplen con la legalidad», subraya la Guardia Civil. Hasta el momento hay dos personas imputadas.