El Gobierno canario destina 28,3 millones de euros para la atención de personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario ha acordado en la sesión de este miércoles autorizar la suscripción de los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares para la prestación de servicios a personas con discapacidad, así como la autorización del gasto que conlleva la suscripción, en el caso de los Convenios a suscribir y que ascienden a un total de 28.305.775 euros.

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario ha acordado en la sesión de este miércoles autorizar la suscripción de los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares para la prestación de servicios a personas con discapacidad, así como la autorización del gasto que conlleva la suscripción, en el caso de los Convenios a suscribir y que ascienden a un total de 28.305.775 euros.

Así, el 30 de julio de 2001, el Gobierno de Canarias acordó la aprobación del Plan de Infraestructura Sociosanitaria en la parte relativa a la atención a las personas mayores (PCAMD), para cuya ejecución se suscribieron convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los diferentes Cabildos.

Asimismo, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2004, se acordó por el Gobierno de Canarias aprobar el Programa socio-sanitario de atención a la discapacidad de Canarias.

El Programa sociosanitario de atención a la discapacidad en Canarias estaba destinado, con carácter general, a las personas con discapacidad, de edades comprendidas entre los 17 y los 64 años.

También distribuía tales personas en los siguientes sectores: sector con necesidad de tercera persona, sector retraso mental, sector salud mental y, con carácter excepcional, hasta tanto se revisase el programa de personas mayores del plan sociosanitario, al colectivo de personas con enfermedad de alzheimer y otras demencias.

Por su parte, los objetivos de dicho programa abarcaban el ámbito temporal comprendido entre los años 2005 a 2010, periodo en el que se realizaron: actuaciones sobre recursos en funcionamiento, para que éstos alcanzasen el nivel de infraestructura y mantenimiento que se establecía como modelo de referencia para los recursos nuevos; acciones en recursos con plazas en construcción y/o que estuvieran pendientes de funcionamiento; y actuaciones para recursos con plazas de nueva creación, bien fueran a construir o a contratar con terceros.

Con fecha 14 de octubre de 2005, se firmaron los pertinentes convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la ejecución del Programa de Atención Sociosanitaria-Área de Personas Discapacitadas, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2010.

En este contexto, se ha hecho necesario elaborar en el año 2011 un instrumento jurídico de colaboración, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, que permita articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Consejería de Sanidad, y los siete Cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas con discapacidad.

Protestas contra el cabildo de gran canaria

Por otro lado, al ser cuestionado el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, por las quejas que colectivos de discapacitados han venido realizando en la isla de Gran Canaria por cuestiones relacionadas, entre otras, con las prestaciones, Marrero incidió en que estas protestas "han dejado bien claro que están dirigidas al Cabildo de Gran Canaria".

Añadió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el acuerdo "viene a ratificar que el Gobierno de Canarias continúa en la línea de colaborar" con los siete cabildos para "atender a las personas con discapacidad".

Por ello, incidió en que se ha tomado esta decisión, "aún habiendo" terminado el programa sociosanitario en 2010.

Finalmente, señaló que se espera que el Cabildo de Gran Canaria resuelva la situación.

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