El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, se ha referido al conflicto de jurisdicción planteado por la Junta después de que la juez de Sevilla que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta le solicitara las actas de los Consejos de Gobierno, y ha eludido pronunciarse sobre el particular, señalando únicamente que "si hay alguna cosa que corregir, que se corrija, y si tiene algo que decir que no esté conforme —en referencia a la Junta—, pues que apele".

A preguntas de los medios de comunicación tras reunirse en la mañana de este miércoles con los operadores judiciales de Sevilla, Carlos Dívar ha subrayado que, respecto a lo que es materia jurisdiccional, "es competente" la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, por lo que "no puedo pronunciarme de un asunto que no conozco con la extensión y profundidad que lo está conociendo ella".

Al hilo de ello, y tras opinar que entre la Junta y la juez Alaya no se está produciendo "un conflicto judicial", ha dicho que, "respecto a los problemas jurisdiccionales que se puedan plantear, tiene la propia jurisdicción sus medios correctores y sus recursos, y eso lo tiene que ver el tribunal que está por encima". "La vida judicial tiene sus propios caminos, los tiempos judiciales tienen su propio momento y los tiempos políticos también tienen los suyos", ha concluido.