El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha pedido al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, que actúe contra las administraciones que incumplan la Ley de Lucha contra la Morosidad y contra aquellos responsables de organismos licitadores que cometan irregularidades de acuerdo con los contratos de obras públicas comprometidos con las empresas constructoras.

En la reunión que mantuvieron este pasado lunes en Granada, los constructores de obra pública explicaron la situación "límite" que viven por la "asfixia" económica que presentan estas empresas a causa de los pagos que les adeuda la Junta y los ayuntamientos por obras ya ejecutadas. Según sus cifras, las cantidades impagadas superan los 2.000 millones de euros y, "en muchos casos", acumulan una antigüedad que excede los dos anos.

La denuncia de Ceacop persigue resolver una doble problemática en el sector. Por un lado, los "continuos" retrasos de los pagos de las administraciones hacia sus proveedores, "incumpliendo" la la Ley de Lucha contra la Morosidad, y, por otro lado, el no reconocimiento, por parte de los organismos contratantes, de obras ya ejecutadas.

Entre las medidas que llevara a cabo la asociación, está la presentación de casos concretos para que la Fiscalía actúe de oficio. Entre los primeros casos que se plantearán están la construcción del metro de Granada, una actuación que cuenta con "evidencias claras de la congelación" de pagos de certificaciones de obras, por parte de la Junta de Andalucía, donde esta pendiente en pago de las certificaciones aprobadas desde octubre de 2010.

Según Ceacop, la morosidad de las administraciones está detrás de la destrucción de "miles" de puestos de trabajo en el sector de la obra pública y, advierte de que "si no se resuelve esta problemática, otros 60.000 podrían sumar las cifras de desempleo en el sector en Andalucía en este mismo año".

Así, señala que la caída de la inversión en obra pública agrava aún más esta situación. En este sentido, detalla que para 2011, el capítulo de presupuestos de la Consejería de Obras Publicas y Vivienda para inversiones reales en Andalucía es de 361 millones de euros, frente a los 460 millones de euros para el resto de capítulos no productivos. Y en 2010 la Junta ya redujo mas de un 50 por ciento los contratos ejecutados en la Comunidad.