"La continuidad de los puestos dependerá de lo que se haga en éstos", con lo que desaparecerá "la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe éste como se desempeñe", indicó el titular de Administraciones Públicas.

Esta es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, que también impedirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos tener una tasa de empleo temporal superior al diez por ciento frente al treinta por ciento que existe actualmente.

Sevilla, quien presentó hoy dicho anteproyecto en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, añadió que se dispondrá de mecanismos de evaluación del desempeño de la actividad de los funcionarios, pero, matizó, "se descarta su despido".

Retribuciones especiales

Además, el texto recoge mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, "para motivar" a los funcionarios y "dignificar" su profesión, dijo.

Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración.

El anteproyecto también propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión.

Otra de las novedades afecta a las normas de acceso y a la forma de selección de los empleados públicos, ya que a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.

Rechazo del PP

El portavoz del PP, Francisco Villar, mostró su temor de que no pueda aplicarse en todo el Estado dado que el Estatuto de Cataluña "lo dejaría fuera", al tiempo que acusó al Gobierno de negociar sólo con los grupos nacionalistas y le advirtió de que si no se aprueba por consenso, corre el riesgo de "convertirse en una oportunidad perdida".

Respecto al rechazo "rotundo" del PP al proyecto, y al abandono, el pasado día 23, de las seis comunidades gobernadas por este partido y de las ciudades de Ceuta y Melilla de la Comisión de debate, Sevilla afirmó que la situación le provoca "una gran desazón".

Añadió que la negativa del PP al proyecto forma parte de "la campaña del PP contra el Estatuto catalán", aseveró que cualquier normativa se aplicará "en todo el territorio nacional" y recordó que que el anteproyecto tiene "grandes similitudes" con el elaborado por el anterior Gobierno, que finalmente no fue aprobado.

Desconfianza de los nacionalistas e IU

El portavoz de ERC, Francesc Canet consideró que el anteproyecto permite "cierta intromisión" del Estado en las competencias autonómicas, en tanto que Jordi Jané, de CiU, dijo que el texto "sobrepasa mucho" la normativa básica y emplazó a continuar las negociaciones para evitar la presentación una enmienda a la totalidad.

Por su parte, Isaura Navarro, de IU-ICV mostró su preocupación por la figura del personal directivo, ya que no se negocia y se aparta de "los principios que han dado sentido al concepto de funcionario".

Sevilla aseguró que tendrá en cuenta todas estas consideraciones y confió en un acuerdo futuro porque, dijo, ante la ausencia de una normativa reguladora del empleo público, "aprobar algo es mejor que nada".

Los trabajos para la creación de un nuevo estatuto comenzaron hace poco más de un año, con un informe elaborado por una Comisión de Expertos que ha servido como punto de partida para el documento final que será llevado ante el Consejo de Ministros en las próximas semanas.