Sortu
Un hombre coloca un cartel de Sortu en un acto en Madrid el 9 de febrero de 2011. Susana Vera / Reuters

El denominado "Grupo Internacional de Contacto" (GIC), que lidera el abogado surafricano Brian Currin, ha dirigido una carta al presidente del Gobierno en la que le pide su colaboración para verificar el alto el fuego de ETA y facilitar "el desmantelamiento de las armas".

En la carta, que reproduce en su integridad el diario Gara en su edición digital, señala que éste es un momento para el liderazgo y para el arte de gobernar y, al referirse a José Luis Rodríguez Zapatero, señala que el presidente del Gobierno "ha demostrado en el pasado que tiene capacidad para ambos". El GIC afirma que tiene pocas dudas de que "pronto" se logrará la legalización de Sortu, "especialmente después de que el Tribunal Constitucional decidiera la semana pasada no ilegalizar a Bildu".

Consideran la decisión del TC sobre Bildu una victoria de la democracia y del Estado de Derecho"Esta decisión sin precedentes del más alto tribunal de España", añade, "es, en nuestra opinión, una victoria para la democracia y el Estado de Derecho y allanará el camino para la normalización política en el País Vasco". El grupo de Currin reconoce que puede haber un sentimiento de desconfianza hacia el alto el fuego de ETA y que el atentado en el aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006 "no se ha olvidado".

"El Gobierno puede creer", añade en la misiva, "que este alto el fuego es un movimiento táctico para dar tiempo a ETA para reestructurarse antes de atacar de nuevo", y aún apreciando el "recelo del Gobierno", considera que "las condiciones, ahora, por primera vez en muchos años, están maduras para una profunda transformación política y una paz duradera". A Rodríguez Zapatero le pide que no pierda esta oportunidad "histórica" para ayudar a terminar con el que denomina "último conflicto violento político de Europa".

"Haga lo que esté en sus manos", añade, "para asegurar que se le da a Sortu la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz y la democracia, especialmente a la luz de la decisión del Tribunal Constitucional de no ilegalizar a Bildu; flexibilice las estrictas leyes de seguridad para posibilitar un entorno político inclusivo en el País Vasco; colabore con un organismo internacional para verificar el alto el fuego de ETA y para facilitar el desmantelamiento de las armas".