Francisco Camps
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en rueda de prensa. Kai Försterling / EFE

La corrupción política está salpicando la campaña electoral y casi ningún partido se libra de tener su escándalo particular. Cada vez más ciudadanos perciben a los políticos más como un problema que como una solución –son la tercera preocupación del país, según el Centro de Investigaciones Sociológicas–, y el hecho de que, pese a estar imputados, haya cerca de un centenar de candidatos en las elecciones autonómicas y municipales no ayuda a limpiar su imagen.

Prevaricación, cohecho, irregularidades administrativas... los dos grandes partidos llevan toda la campaña echándose en cara las 'miserias' del otro, aunque quitándole importancia a las propias. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero ninguno está para dar ejemplo, a la vista de los datos: Más de la mitad de los casos investigados corresponden a candidatos del Partido Popular, frente a un 35% de los socialistas. Izquierda Unida, CiU, Coalición Canaria... casi todos los partidos tienen al menos a un imputado y solo el PNV y UPyD presumen abiertamente de estar limpios.

Los principales casos

Camps y los trajes. El presidente de la Generalitat Valenciana es el único líder autonómico imputado que aspira a ser reelegido. La investigación a la que le someten por recibir varios trajes –sin pagar por ellos– no parece que le esté restando ningún voto de su electorado, a la vista del último sondeo del CIS: prevén los mejores resultados de la historia democrática para el PP. El otro gran escándalo de la Comunitat, el caso Brugal –por supuesto cohecho, soborno y extorsión– salpica entre otros a la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Más de la mitad de los casos investigados corresponden a candidatos del Partido Popular

Los ERE andaluces. Andalucía es la región con más candidatos implicados, pese a que el 22-M solo se celebran elecciones municipales. Los casos más sonados son los de Mercasevilla –presunto cobro ilegal de comisiones– y los Expedientes de Regulación de Empleo de la Junta. En este último caso, que ha salpicado incluso al presidente José Antonio Griñán, se investiga una supuesta trama que adjudicaba prejubilaciones pagadas por la Consejería de Empleo a personas afines al Ejecutivo. Precisamente ayer, la juez que lleva el caso, ordenó investigar el patrimonio del exconsejero Antonio Fernández.

Por otro lado, el caso Morelábor implica al candidato socialista a la alcaldía de Granada Francisco Cuenca por un supuesto delito de coheho. Agujero en las aulas asturianas. Es el escándalo más reciente, tal vez el menos mediático. El conocido como caso Renedo investiga la supuesta trama de corrupción y tráfico de influencias en la Consejería de Educación del Principado.

Limpia en Madrid y Baleares. El caso Gürtel –sobre una supuesta financiación irregular del PP–, tan presente en las listas de la Comunitat Valenciana, fue extirpado en las candidaturas madrileñas: todos los imputados están fuera. En Baleares ocurre otro tanto, después de que el candidato del PP José Ramón Bauzá limpiara de su proyecto a cualquier posible implicado en los anteriores escándalos del expresidente Jaume Matas. Cohecho en Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el alcalde Miguel Zerolo (Coalición Canaria) está imputado por un presunto delito de cohecho.

Decenas de internautas anónimos han colaborado en la elaboración del conocido como Corruptódromo. La plataforma #Nolesvotes muestra en su web (www.wiki.nolesvotes.org) un mapa digital en el que se detallan y denuncian públicamente todos los casos de corrupción abiertos en nuestro país. Cohecho, soborno, especulación, gestiones irregulares, prevaricación... la lista contempla hasta 259 escándalos distintos, y con decenas de partidos implicados