Un grupo de unos 60 titulares de pagarés de Nueva Rumasa, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra el fundador del grupo, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades propiedad de la familia por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores.

La querella, a la que previsiblemente se adherirán más inversores, ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de este tribunal, según informaron a Europa Press en fuentes del bufete de abogados.

Los afectados, que suman inversiones en pagarés por valor de unos diez millones de euros, plantean además en la querella la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los daños y perjuicios sufridos.

Vicente Tovar, abogado de la firma andaluza, considera que en las campañas para captar inversiones particulares puede existir un engaño en la "apariencia" de holding que la familia da a su grupo de empresas, dado que en las emisiones de pagarés responden sólo las sociedades emisoras y no el grupo Nueva Rumasa, que no existe como tal, algo que, según afirma, no se detalla en la publicidad.

Según explica Tovar, magistrado en excedencia, la propia familia Ruiz-Mateos refleja en las cartas que hizo públicas al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que "todo es una especie de montaje" y que descartaban crear un holding para evitar una nueva expropiación.

Además, el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Asociados entiende que, al lanzar las emisiones, puede haber habido conciencia de que no se van a poder pagar, y en este sentido recuerda que algunas de las sociedades emisoras se encuentran actualmente en concurso de acreedores.

En relación con la responsabilidad subsidiaria del Estado, Vicente Tovar alude a la "inactividad" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que "se limitó" a emitir comunicados advirtiendo de las operaciones de Nueva Rumasa, cuando, en su opinión, podría haber intervenido suspendiendo las emisiones u ordenando inspecciones o auditorías.

También hace referencia a la falta de actuación del Ministerio de Economía y Hacienda y de las autoridades de Consumo, que no tuvieron "ninguna posición activa para defender a los consumidores".

En la querella se pide la responsabilidad de personas jurídicas (Grupo Dhul, Clesa, Carcesa, Nueva Hotasa, Rumanova, Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos SA) y de la familia Ruiz-Mateos, pero, en el caso de que no puedan responder, se pide la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios causados.