El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha denunciado este domingo que el Gobierno de España "premia" a las comunidades gobernadas por el PSOE en el reparto de subvenciones y ha puesto como ejemplo el caso de Andalucía, que según ha apuntado, recibe más dinero que la Comunitat Valenciana del Fondo de Acogida e Integración pese a tener menos inmigrantes.

En un comunicado, el conseller ha explicado que la Comunitat ha recibido este año 7,2 millones de euros con cargo a este Fondo de Acogida e Integración, mientras Andalucía ha percibido 7,7 millones, es decir, medio millón de euros más, cuando "en la Comunitat Valenciana residen 877.678 inmigrantes, frente a los 727.176 de Andalucía".

Por ello, ha asegurado que "no se entiende que reciban más parte de un dinero que va destinado a la atención de la población inmigrante, cuando nosotros los superamos tanto en términos absolutos como porcentuales".

A su juicio, el reparto es "tremendamente injusto con la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que se trata de la segunda región española con más porcentaje de población inmigrante (el 17,17%) y la tercera en términos absolutos, por detrás de Cataluña y Madrid".

Tercera por la cola

Blasco ha lamentado que pese a estas cifras, la Comunitat Valenciana es la tercera por la cola en inversión estatal por inmigrante, lo que demuestra, ha agregado, que el reparto del Gobierno "no obedece a criterios objetivos sino puramente políticos".

"Mientras Andalucía recibe 10,64 euros por inmigrante, nuestra región percibe 8,29.La inmigración es otro claro ejemplo de cómo Zapatero y su gobierno marginan y castigan de forma descarada a la Comunitat", ha insistido.

A su juicio, el criterio para dividir las ayudas entre las comunidades autónomas debería ser la tasa de población inmigrante "y no razones políticas que perjudican injustamente a nuestra región y, sobre todo, a los propios inmigrantes".

Por último, ha criticado también que en dos años el Gobierno ha reducido de 23 a 7,2 millones de euros las ayudas a la Comunitat para inmigración, lo que supone un recorte del 68%. "Este tijeretazo también hace mucho daño a los ayuntamientos y a sus servicios sociales, que son los primeros a los que acuden los inmigrantes y que podrán verse abocados a la desaparición por falta de fondos", ha concluido.