El Tribunal Constitucional ha reprochado este jueves al Tribunal Supremo que anulara las candidaturas de once agrupaciones electorales a las elecciones del 22-M pese a considerar que no había prueba "con la intensidad suficiente" de que tuvieran como finalidad continuar la actividad de la ilegalizada Batasuna.

Así lo afirma el Constitucional en la sentencia notificada por su sala segunda antes de avocar al pleno el recurso de Bildu por falta de consenso y en la que revoca la decisión del Supremo de anular la lista de la Candidatura Electoral Independiente de Zalduondo (Álava) por estimar vulnerado el derecho a la participación política de su único integrante, Gustavo Fernando Fernández Villate. La de Zalduondo podrá concurrir a las elecciones del 22-M porque es la única de las once anuladas que recurrió la decisión del Supremo, pero del texto de la resolución se desprende que todas ellas habrían recibido el amparo del Constitucional en caso de haberlo solicitado.

Y es que el Supremo anuló once de las veintiuna listas impugnadas, basándose por ejemplo en la vinculación anterior de sus candidatos con formaciones ilegalizadas, pese a admitir que no había pruebas suficientes de que ninguna de ellas pretendiera suceder a Batasuna. "No existe prueba con la intensidad suficiente como para entender demostrada desde la perspectiva objetiva que ninguna de las agrupaciones de electores cuyas candidaturas se han impugnado tenga como finalidad la sucesión o continuación de la actividad de los partidos políticos ilegalizados, sin perjuicio de su coincidencia ideológica", dijo el Supremo.

Para el Constitucional, una vez alcanzada esta conclusión, "debió la sala haber finalizado su examen y rechazado, de seguido, las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado".

Los magistrados señalan que, según la jurisprudencia constitucional, "sólo 'en unión de otros indicios' cabe tener en cuenta la anterior vinculación a un partido disuelto" para anular una candidatura "y deparar, con ello, el consiguiente sacrificio del derecho fundamental". "Es de lamentar que no lo haya entendido así la sala juzgadora", dice la sentencia en referencia al Supremo, para añadir que impedir a una persona concurrir a las urnas por este motivo "operaría ya como una causa de inelegibilidad que no figura ni podría figurar en nuestro ordenamiento".

La sentencia ha sido dictada por unanimidad de los seis miembros de la sala segunda, compuesta por tres progresistas -Eugeni Gay, Luis Ortega y Elisa Pérez Vera- y tres conservadores -Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Pérez de los Cobos y el expresidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando-.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado alegaron en sus demandas que el candidato independiente de Zalduondo presentaba "intensas" vinculaciones con los partidos ilegalizados. En concreto, el Ministerio Fiscal impugnó la candidatura recordando que Fernández Villate fue candidato de las ilegalizadas HB, Euskal Herritarrok y AuB en diversos comicios desde 1993 a 2003. En sus alegaciones, Fernández Villate incluyó un escrito en el que manifestaba su voluntad de llevar a cabo su actividad municipal única y exclusivamente por vías y métodos políticos pacíficos y democráticos.

Ahora es el pleno del Constitucional -compuesto por once magistrados, ya que la vacante dejada por el fallecimiento en 2008 de Roberto García Calvo no ha llegado a cubrirse- el que tiene que decidir sobre el futuro de Bildu. Están reunidos desde las 20.30 h. y la decisión debe conocerse antes de la medianoche, que es cuando arranca la campaña electoral para las elecciones municipales y forales.

Si en la sala segunda la división entre los considerados progresistas y el llamado sector conservador es de tres a tres, en el pleno los primeros tienen una mayoría de siete a cuatro. Y es que a los anteriores habría que sumar en el bloque progresista al presidente del Constitucional, Pascual Sala, y a los magistrados Adela Asua, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón, mientras que los conservadores sólo tendrían el apoyo de Javier Delgado.

Aunque el de Bildu es un recurso de amparo, cuya resolución corresponde en principio a las salas y no al pleno, éste puede asumir la competencia sobre estos asuntos por avocación. Así, el artículo 10.1.n de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el pleno de este órgano conocerá de cualquier asunto "que sea competencia del tribunal pero recabe para sí el pleno, a propuesta del presidente o de tres magistrados".

Mientras se produce la deliberación, varios miles de personas se manifiestan en el centro de Bilbao en contra de la anulación de las candidaturas de Bildu. La marcha comenzó después de las 20.00 h y a su conclusión los participantes permanecerán concentrados a la espera del fallo del Tribunal Constitucional.

La manifestación estuvo encabezada por una pancarta con el lema, en euskera, "Por unas elecciones democráticas. Ilegalizaciones no", tras la cual marchaban, en segunda fila, los principales portavoces de Bildu: el secretario general de EA, Pello Urizar; el líder de Alternatiba, Oskar Matute; y el periodista de Gara y cabeza de lista por Guipúzcoa, Martín Garitano.

Además, en la marcha estaban presentes numerosos dirigentes de Eusko Alkartasuna, como Rafa Larreina o Unai Ziarreta, y de la izquierda abertzale, como Niko Moreno, Tasio Erkizia o Marian Beitialarrangoitia, además del secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, entre otros.