Las defensas de los acusados del caso Mioño han cargado contra el "acoso y derribo" de la Fiscalía contra el tripartito de Castro Urdiales, a la que recriminan un "uso político" de la causa contra el alcalde de Castro, el ex regionalista Fernando Muguruza, según ha manifestado el letrado del edil Salvador Hierro.

Y también han criticado el "calvario" al que, a su juicio, han sido sometidos tanto los letrados como los imputados, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad, cuyo titular es Luis Acayro Sánchez, a quien reprochan la "sistemática vulneración" de sus derechos durante la "inquistorial" investigación seguida por este magistrado.

La existencia de notas anónimas en la documentación del sumario, la falta de acceso a determinados trámites y la "absoluta desigualdad" en el trato recibido por las distintas partes son otras cuestiones a las que se han referido en la última jornada del juicio que se sigue ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander contra los acusados por prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación de forma directa de las obras del túnel de Mioño a la empresa del hermano de uno de los concejales del equipo de Gobierno de Castro, y que ha quedado visto para sentencia.

En total, los acusados son ocho: el alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda, el ex 'popular' José Miguel Rodríguez López 'KyK'', y otros seis concejales, funcionarios (incluido el que fuera secretario municipal y el interventor) y el gerente de Izeta, la empresa adjudicataria de estos trabajos.

"abuso de poder"

Para el Ministerio Fiscal, los ediles incurrieron en un "uso torticero" de sus competencias y un "abuso de poder" al adjudicar los trabajos "a dedo" y "fuera de procedimiento" a Izeta.

Esta parte ha recordado al respecto que eso se hizo "prescindiendo" de cualquier tramitación del expediente, a propuesta del concejal de Obras, Salvador Hierro, y sin que la oferta de la empresa constara ningún registro de entrada.

Pero además, ha incidido en que después se "intentó dar apariencia de legalidad", haciendo figurar nuevas empresas en el proceso, una de ellas "creada dos años después" y cuando, en realidad, los trabajos estaban ya adjudicados.

En el caso del interventor acusado, Gregorio Alcedo, le reprocha que autorizara el pago de los trabajos sin cerciorarse antes de la existencia de crédito suficiente para abonarlo.

Por su parte, las defensas han atacado la labor del ex interventor Fernando Urruticoechea, a quien han reprochado que tenía "totalmente desatendidas sus funciones", acusándole de tratar de "justificar su falta de competencia" y de arrojar en el juicio un testimonio "inconcreto" y un papel "esperpéntico".

La defensa de Ignacio Díaz Muro, de Izeta, considera que su papel se limitó a realizar una "visita comercial" al Ayuntamiento, y descarta que se valiera de su condición de hermano del concejal de Industria para estas "farragosas" obras que acabaron por acarrear pérdidas a la empresa.

Además, han enmarcado los problemas en el expediente del túnel de Mioño dentro de los problemas generalizados administrativos que sufría el Ayuntamiento castreño, y se ha cuestionado el informe de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de los imputados y sus familias, al que han criticado por "irregular, defectuoso y contaminado".

Y el abogado de Salvador Hierro ha advertido de que no permitirá que se le relacione con intereses "espúreos" empresariales.

El letrado del concejal Jaime Díaz Muro ha alegado como explicación de lo sucedido el "caos administrativo" en el Ayuntamiento, "heredado" y con el que se encontró en 2003 el nuevo equipo de Gobierno.

Petición de penas

Las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son para el responsable de la empresa, por un delito continuado de tráfico de influencias, de un año de cárcel y al pago de una multa de 14.000 euros.

También se imputan delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; y al interventor, Gregorio Alcedo; y uno continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones.

Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez).

El 19 de mayo a las 12 de la mañana las partes están citadas para conocer la sentencia, en la sede de este juzgado (en la calle Alta de Santander).