La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ha afirmado, respecto a los contratos con el arquitecto Santiago Calatrava, que "siempre" actúa conforme "a la más estricta legalidad y de acuerdo con lo establecido en la legislación que le es de aplicación".

La Generalitat se ha pronunciado de esta manera en un comunicado después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya abierto diligencias de investigación penal por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude tributario en el caso de la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para la construcción de las conocidas como 'Torres de Calatrava', ante la denuncia de EUPV.

A este respecto, el Consell ha afirmado que la Fiscalía de Valencia no ha notificado ni a la Generalitat, ni a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), ni a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) la apertura de diligencias de investigación por los pagos realizados a Calatrava.

Estos organismos, que son los responsables de los proyectos realizados para la Generalitat por Santiago Calatrava, "no han tenido noticia de ningún tipo de acción judicial, y por eso han sorprendido las informaciones aparecidas al respecto", han asegurado.

Desde la Conselleria de Economía se ha mostrado el "máximo respeto" al trabajo de la Fiscalía, pero ha sorprendido que la información llegara antes a los medios de comunicación que a una de las partes interesadas "causando una manifiesta indefensión". Asimismo, se ha manifestado que desde la Generalitat "nunca hemos opinado ni vamos a opinar sobre noticias aparecidas en medios de comunicación, ni sobre situaciones futuribles".

En este sentido, desde la conselleria de Economía se ha señalado que sobre este tema ya se ha manifestado con anterioridad, entre otros aspecto, que los contratos adjudicados a Santiago Calatrava lo han sido con "pleno respeto" a la normativa que resulta de aplicación tanto a CACSA como a SPTCV.

Además, ha señalado que tanto la Ciudad de las Artes y las Ciencias como la SPTCV "han sido sometidas anualmente a auditorías por empresas independientes" (

Ute auren,

Bdo españa, GASSO, GESEM, MAZARS,

Deloitte y kpmg) y posteriormente su actividad es fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas.

También ha explicado que todas las iniciativas parlamentarias que han presentado la totalidad de los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas han sido contestadas, o la documentación ha sido puesta a disposición de los mismos. Es más, en uno de los casos las manifestaciones realizadas por los denunciantes se basan en la exhibición del expediente administrativo, "lo que evidencia la absoluta transparencia de las sociedades públicas", ha puntualizado.

Además, ha indicado que "no existe" incumplimiento de la normativa fiscal, ni existe infracción de la normativa en cuanto a la determinación de los honorarios del arquitecto Calatrava, "estando los contratos suscritos amparados por lo previsto en el art. 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente al tiempo de la celebración de los contratos".

"Se han abonado los honorarios correspondientes a las entregas efectuadas de los Anteproyectos, Proyectos Básicos, Master Plan, todo ello de acuerdo con lo previsto en los documentos contractuales suscritos", ha agregado. Dichos proyectos obran en poder de las sociedades públicas y "responden al trabajo encomendado", ha dicho. Las posibles discrepancias que puedan haber existido en orden al desarrollo futuro de los mismos a través de los Proyectos de Ejecución "no pueden confundirse con la realidad de la entrega de unos trabajos profesionales y la obligación de satisfacer los honorarios pactados", ha agregado.

Inicio de las obras

Respecto al inicio de las obras del Centro de Convenciones de Castellón, ha especificado que en diciembre de 2007 se suscribió un Protocolo por el que se reparten las funciones entre SPTCV y el Ayuntamiento de Castellón para la puesta en marcha del Proyecto. SPTCV asume la obligación de contratar la redacción de los proyectos y ejecución de las obras, y el Ayuntamiento de Castellón la tramitación del planeamiento y la obtención del suelo para su ejecución.

Actualmente, se está a la espera de que el Ayuntamiento entregue el suelo a la SPTCV, demora que se ha producido debido a que la Modificación Puntual del PGOU de Castellón requerida ha tenido una difícil tramitación, con impugnaciones en sede judicial que obligan a esperar la resolución de los Tribunales de Justicia, ha recordado.

Además, ha indicado que en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de los últimos años aparecen reflejadas las líneas de crédito concretas con los importes que el Consell destina a estos proyectos. Asimismo, en los de 2011 está reflejada la venta de la parcela M-3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Por lo que se refiere a las torres junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha señalado que desde la formalización del encargo a Santiago Calatrava hasta la fecha, las partes han estado trabajando para su ejecución en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

"La difícil coyuntura económica que atraviesa el país en estos momentos, y la actual situación del sector inmobiliario privado, ha dificultado hasta el momento la ejecución del proyecto. Por otra parte, la Generalitat va a sacar a subasta la parcela en la que se planeaba la realización de las Torres de Calatrava, junto con el proyecto de construcción de las mismas", ha añadido.

Por último, ha insistido que durante el año 2010, la diputada de Esquerra Unida ha solicitado en seis ocasiones documentación sobre el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón y toda esa documentación "la ha podido consultar en las dos visitas que ha realizado a las oficinas administrativas de la SPTCV, donde ha formulado cuantas preguntas ha considerado oportunas". "Este hecho pone de manifiesto una vez más la transparencia de la Generalitat, en contra de lo que se está afirmando", ha matizado. Además, ha puesto de manifiesto que este expediente ha sido fiscalizado por la Sindicatura de Cuentas entre los años 2007 y 2009.