El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, recurrirá la convocatoria de plazas de maestro para 2011 de hasta siete comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por rebasar la tasa de reposición de efectivos generados por las jubilaciones de maestros del 30 por ciento que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por ahora, el Ejecutivo ha recurrido la convocatoria de oposiciones de Castilla y León (510 plazas), Navarra (132 plazas) y Cataluña (1.245 plazas), y tiene intención de hacerlo con Andalucía (3.796 plazas), Extremadura (241 plazas), Aragón (320 plazas) y Baleares (50 plazas), según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Estas siete regiones suman cerca de 6.300 plazas de unas 8.700 en total, según el recuento facilitado por la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT). La Ley de Presupuestos fija que la reposición de funcionarios jubilados no debe superar el 10 por ciento, aunque para los docentes este porcentaje se eleva hasta el 30 por ciento.

El Ministerio de Economía y Hacienda es el encargado de advertir de esta vulneración de la Ley de Presupuestos —artículo 23 apartado 1— por parte de algunas comunidades autónomas y los abogados del Estado de cada una de las regiones que han sobrepasado el límite normativo son los encargados de recurrir esta oferta de plazas a los tribunales superiores de Justicia correspondientes.

Desde el Ministerio de Educación recuerdan, en declaraciones a Europa Press, que tras la decisión de algunas comunidades de no convocar oposiciones a maestro este año, este departamento se limitó a solicitar a los gobiernos autonómicos que realizaran un "esfuerzo" para ofertar plazas, pero "siempre de acuerdo a la legalidad". En el caso de Andalucía, como se recordará, el Gobierno de la Junta de Andalucía decidió convocar un total de 3.796 plazas —la oferta mayor del Estado— porque entendía que en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 —relativo a la oferta de empleo público— se fija un límite de reposición del 10 por ciento "pero para el número total de plazas de nuevo ingreso en el sector público", no sólo para las de los funcionarios docentes.

Así pues, según interpretó el Gobierno andaluz, este porcentaje de reposición podía "administrarse" según sus prioridades. De hecho, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, explicó entonces a Europa Press que "como la prioridad de la Junta es la educación, pues eso significa que si en algún otro sector o subsector, por ejemplo en el ámbito de la Administración general, tenemos que sacar menos plazas en las próximas oposiciones para no superar este límite global del 10 por ciento, pues lo haremos".

Castilla-La Mancha y Canarias fueron las únicas comunidades que decidieron no realizar oposiciones a maestros este año por motivos presupuestarios. Otras, como Madrid, que en un principio dijo que no iba a ofertar empleo público en el sector de la enseñanza, acabó rectificando.

Críticas de los sindicatos de profesores

La decisión del Gobierno de recurrir la convocatoria de plazas de varias regiones ha provocado las críticas de los sindicatos de enseñanza que consideran que se está "jugando con los opositores que han estado preparándose y gastando un dinero para intentar ingresar en la función pública docente, pudiendo quedar en suspenso".

Así lo ha advertido FETE-UGT, que ha reclamado al Gobierno "sentido común" y que actúe "con la misma contundencia" exigiendo el cumplimiento de medidas económicas a sectores que "verdaderamente hacen poco para disminuir el paro, crear empleo y mejorar la hacienda pública".

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO (FE-CCOO), ha indicado que la reducción del número de maestros y profesores para los cursos próximos "supone la renuncia definitiva de este Gobierno a la mejora de la calidad de la enseñanza pública y contradice en la práctica las declaraciones y los objetivos del Ministerio de Educación".

Así, este sindicato convoca a todos los trabajadores del sector de la enseñanza y, especialmente, a los opositores, a manifestar el rechazo a la decisión del Ejecutivo, asistiendo a las concentraciones que en los próximos días se convocarán en todos los territorios ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Para el sindicato docente ANPE, las oposiciones de este año son un "caos organizativo y de coordinación", que, en su opinión, "culmina con la judicialización de las convocatorias". No obstante, esta organización señala es precisamente la no convocatoria de oposiciones en algunas comunidades suponen "el hecho más grave de todo el proceso", por lo que espera que la Abogacía del Estado "también presente los recursos pertinentes contra esta otra modalidad de incumplimiento de la legislación".