La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 439 años de prisión a los dos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji, asegura "sin duda alguna" que "no ha sido la empresa armadora sino organismo públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y el propio pesquero".

El tribunal, que obtiene esta conclusión "como resultado de la prueba practicada en el acto del juicio", considera "innecesaria" la solicitud de desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el pago del dinero ofrecido por la liberación, como solicitaron las defensas de los dos condenados.

El tribunal condena a los dos acusados a dos años de cárcel por la comisión un delito de asociación ilícita, a 396 por 36 delitos de detención ilegal (11 años por cada marinero retenido), cinco años por robo con violencia y 36 años por otros tantos delitos contra la integridad moral (a razón de un año de prisión cada uno).

(Habrá ampliación)