La Asociación Ríos con Vida hizo llegar la semana pasada al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, un informe en el que solicita que actúe contra la pesca ilegal de angulas en el Bajo Guadalquivir e inste a intervenir a Capitanía Marítima de Sevilla, Autoridad Portuaria de la capital hispalense y a la Consejería de Agricultura y Pesca.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Ríos con Vida, Pedro Brufao, ha señalado que "el primer competente en este asunto es Capitanía Marítima de Sevilla, en segundo lugar, la Autoridad Portuaria de Sevilla, cuya jurisdicción abarca hasta el Faro de Chipiona (Cádiz) y debe mantener la seguridad de acceso al Puerto de Sevilla". Por último, ha citado a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

En el mismo informe, solicita a Chamizo que "cite y active la intervención de los órganos competentes, comenzando por Capitanía, para proceder a la confiscación y extracción de esas embarcaciones clandestinas del río". En este sentido, ha indicado que el pasado domingo detectó una de ellas "más arriba del fondeadero de Bonanza".

Ríos con Vida ya alertó el pasado mes de abril de que actualmente existen embarcaciones que efectúan de manera ilegal prácticas de pesca de angulas en aguas del Bajo Guadalquivir después de que el pasado 2 de noviembre de 2010 la Junta de Andalucía aprobará un decreto por el cual se establecían medidas para la recuperación de la anguila europea, entre ellas, la prohibición de la captura de este recurso en cualquiera de sus fases de desarrollo, tanto en aguas marítimas terrestres como en continentales de Andalucía durante un periodo de diez años.

Ha precisado que el artículo cuatro del decreto por el que se establecen medidas para la recuperación de la anguila europea indica que la vigilancia del cumplimiento de la prohibición establecida corresponderá a las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, que actuarán de forma coordinada en el ámbito de sus competencias, según se trate de la ordenación de la actividad pesquera en aguas marítimas interiores o de la protección de las especies objeto de pesca en aguas continentales, respectivamente.

En este sentido, ha señalado que es competencia también de la Junta de Andalucía, "en definitiva", si bien, al considerarse las aguas del Guadalquivir hasta Alcalá del Río como "aguas marítimas de dominio público terrestre" es competencia de Agricultura y Pesca, como recoge el propio decreto. No obstante, Brufao ha afirmado que tomando la Ley de Puertos de 1992 es "Capitanía Marítima la que tiene que velar por la seguridad del tráfico marítimo y contra aspectos que influyan en el medio ambiente".

Por otro lado, el presidente del colectivo conservador ha señalado, según adelanta el diario El País en la edición de este martes, que ha presentado ante las fiscalías de Sevilla y Cádiz una denuncia para que "se dirijan con firmeza ante las administraciones implicadas, empezando por Capitanía, y advierta de la posible comisión por omisión, es decir, cometer un delito por no hacer nada y el abandono de funciones". Además, apunta que es "un delito contra los recursos naturales y contra la Administración pública". El presidente que los principales puntos de estas prácticas ilegales son Lebrija e Isla Mayor, en Sevilla, y Trebujena, en Cádiz.