Un grupo de cooperativistas del sureste de Madrid se encuentran acampados desde el día pasado día uno de mayo en la Cuesta de Moyano para denunciar la estafa de que han sido objeto y reclamar que se construyan las viviendas que llevan pagando unas 15.000 personas entre cuatro y catorce años.

Según ha explicado Ángel Alberto Montero, presidente de la Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste de Madrid (ACAS), una quincena de cooperativistas instalaron poco después de la una de la madrugada del día uno ocho tiendas de campaña en la Cuesta de Moyano y confían poner alrededor de un centenar los próximos días, si consiguen que la Policía no les desaloje de ese lugar.

El objetivo, ha dicho, ha sido "abrir la brecha" para lograr una gran acampada en la que participen muchos de los 15.000 cooperativistas de las promociones de viviendas de El Cañaveral, Ahijones, Berrocales y Cerros, todas en el sureste de Madrid, que llevan esperando entre cuatro y catorce años a que se construyan sus viviendas y han desembolsado entre 45.000 y 70.000 euros por familia.

Montero explicó que han pasado por la acampada agentes de la Policía Nacional que les han comunicado "amablemente" la obligación que tienen de notificar la protesta a la Delegación del Gobierno.

Asimismo, informaron de que el sábado recibieron la visita de varios agentes de la Policía Municipal que les "metieron miedo". "Si nos echan de aquí volveremos a acampar donde sea", dijo el presidente de ACAS, que el pasado 3 de abril celebró una manifestación que reunió a miles de cooperativistas del sureste en demanda del dinero que les ha sido estafado y para que se construyan sus viviendas, de las que aun no se ha puesto "ni un solo ladrillo".

Según Montero, la estafa de la que son objeto los cooperativistas del sureste "es mayor que la del PSV" ya que ellos, ha dicho, se sienten "doblemente estafados", primero por las gestoras de sus cooperativas, bancos y aseguradoras -por lo que ya interpusieron la correspondiente denuncia- y ahora, por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, que no autorizan la construcción de sus pisos