El ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha designado al abogado penalista Antonio Alberca como su nuevo letrado en el marco del caso Palma Arena, tras apurar el plazo que el juez instructor de esta compleja causa, José Castro, le había otorgado para que nombrase a un defensor particular. En caso de haber sobrepasado ese tiempo, que se cumplía este lunes, el magistrado habría iniciado los trámites para que le fuera asignado un abogado de oficio.

En declaraciones a Europa Press, Alberca, adscrito al Colegio de Abogados de Madrid, ha señalado que también será el encargado de defender a la mujer de Matas, Maite Areal, quien también se encuentra imputada dentro del caso, dividido en un total de 26 piezas.

El letrado se ha mostrado "muy ilusionado" ante esta nueva experiencia y ha aseverado que a partir de ahora "hay que trabajar duro" para demostrar la inocencia de Matas frente a las numerosas imputaciones que pesan sobre él en el caso Palma Arena, en el que está siendo investigado por haberse enriquecido de forma presuntamente ilícita durante la pasada legislatura, cuando era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma.

De esta forma, el abogado, cuyo despacho se encuentra ubicado en la calle Fernando el Santo de Madrid, ha apuntado que desde este momento procederá a estudiar el extenso sumario del caso, después de que el letrado que asistía a Matas, Rafael Perera, decidiese abandonar recientemente la defensa del ex presidente, precisamente días después de que éste prescindiese de los servicios de Manuel Ollé por razones estrictamente económicas.

Alberca, quien en 2008 recibió el premio Derechos Humanos de la CCBE y la Insignia del Consejo General de la Abogacía Española, ya habría participado en complejos procesos judiciales como el de los atentados del 11-M, donde se encargó de la defensa de Rafa Zouhier. Además, ha asumido el asesoramiento jurídico de entidades como la Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica (Aculco) y Proinfancia Andina.

Cabe recordar que sobre Matas, en libertad bajo fianza de tres millones de euros, pesan sobre él los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.