A un total de 28,5 años de cárcel asciende el conjunto de penas que el Ministerio Fiscal solicita para ocho personas, cuatro de origen indio, tres españoles y una argelina, que serán juzgadas desde este lunes en la Audiencia de Valladolid por integrar una supuesta organización delictiva que durante al menos 2004 se especializó en la comisión de estafas de gran cuantía de las que fueron víctimas distribuidores y compañías de telefonía móvil, que sufrieron un perjuicio económico global superior a los 93.000 euros.

La organización, que la policía lideraban Kumar N.C. y Dinesh M, se dotaba de la documentación necesaria para obtener terminales de teléfono y líneas de telefonía móvil. Para ello realizaba contratos ficticios de constitución de sociedades, concretamente bazares, que tras las investigaciones oportunas se comprobaba que no existían ni se había realizado ningún trámite tendente a su apertura. Posteriormente habría cuentas en distintas entidades bancarias sin saldo.

Seguidamente, sus integrantes presentaban esta documentación ante un distribuidor autorizado de telefonía móvil que gracias a la documentación ofrecida les entregaba terminales de telefonía móvil de forma gratuita, con sus correspondientes líneas.

Cuando la compañía telefónica quería hacer efectivas las facturas ocasionadas se encontraba con que la cuenta de domiciliación de los recibos se encontraba sin saldo, con el consiguiente perjuicio económico. Por último, la organización liberaba los terminales telefónicos entregados, vendiéndolos seguidamente en el mercado negro a un precio inferior.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, del que los ocho procesados serían coautores, y solicita la mayor de las penas, cuatro años de cárcel, para Emiliano A.L, a quien aplica la agravante de reincidencia, mientras que para el resto, Kumar N.C., Dinesh M, Farida L.C, Pedro O.R, Clara Inés S.M, Bradeddin H.A y Gulabani V.G, interesa condenas de tres años y seis meses de privación de libertad.

Además, la acusación pública pide un conjunto de multas que se elevan a 39.420 euros, junto con la obligación de que indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a los perjudicados con las cantidades estafadas, más lo intereses legales devengados desde la comisión del delito.