El Defensor del Pueblo, José Chamizo de la Rubia, ha culpado a la Consejería de Educación de convertir a los padres de los escolares andaluces en "denunciantes" al no asumir como "papel propio" el de revisar de oficio todas las solicitudes presentadas en aquellos centros en los que la demanda supere a la oferta de plazas y, además, "investigar aquellas en las que aparezcan indicios de irregularidades".

Según lamenta el Defensor en su informe anual de 2010, consultado por Europa Press, solo si la Educación asume la tarea de investigar todas las solicitudes susceptibles de ser fraudulentas se "liberará a las familias de la penosa obligación de convertirse en denunciantes de sus propios vecinos o conocidos", por lo que insta a esta Administración a "evitar que esto siga produciéndose" en años sucesivos. Sobre todo, explica, porque ahora se exige a los padres una "denuncia previa con legitimación" —es decir, en la que se aporten indicios suficientes del fraude presuntamente cometido— y esto provoca "una situación de enfrentamiento entre solicitantes muy desagradable".

Ante ello, la Defensoría propuso a la Consejería de Educación que investigara 'motu propio' las solicitudes de escolarización que presentaran supuestas irregularidades pero, según el mencionado informe, "esta propuesta no ha sido hasta la fecha aceptada" sin que se conozcan las razones "que llevan a la Administración a esa determinación".

En cualquier caso, tal y como reconoce la propia Defensoría andaluza, la mayor parte de los casos de fraude detectados en la escolarización del pasado curso 2009-2010 afectan al criterio de proximidad del domicilio, por lo que estima que es en este campo donde se deben buscar "mejores fórmulas de investigación".

Así, aboga por establecer "un sistema ágil y eficaz de investigación y comprobación de los domicilios alegados en los casos en que los mismos se presuman inciertos". Principalmente, reconoce Chamizo en el informe, porque hay "algunos Ayuntamientos que no colaboran eficazmente con la Administración educativa para investigar estos fraudes, sino que se limitan a ratificar el contenido del certificado —de empadronamiento— emitido sin realizar comprobación de ningún tipo, o realizando su actuación de comprobación por periodos tan largos que resultaban incompatibles con los plazos del proceso de escolarización".

Ante ello, Chamizo insiste en "la necesidad de articular acuerdos o convenios entre la Consejería de Educación y los diferentes Ayuntamientos a fin de que en los casos en que existan indicios suficientes de posible falsedad en el domicilio familiar alegado, se investiguen con arreglo a un procedimiento especial y sumario que permita obtener un resultado definitivo dentro de los plazos propios de un proceso de escolarización". De esta forma, añade, se evitaría que "algunos Ayuntamientos no colaborasen eficazmente con la Administración educativa para investigar estos fraudes".

Educación actúa "a instancia de parte"

La Consejería de Educación, por su parte, ha defendido las "garantías" que ofrece el actual sistema de escolarización a las familias y ha insistido en que "no puede investigar de oficio todas las solicitudes". Eso sí, ha recalcado que "actúa siempre" en los supuestos casos de fraude pero "a instancia de parte", es decir, "a petición de un interesado que se vea afectado en sus intereses".

Fuentes de esta Administración han explicado a Europa Press que "la gran mayoría de la ciudadanía no es fraudulenta" y que, por tanto, "no se puede sospechar de todas las peticiones de escolarización". Además, recuerdan que con el nuevo decreto de escolarización —ya vigente para regular el procedimiento de admisión para el próximo curso 2011-2012— será "muy difícil" cometer cualquier tipo de "picaresca", ya que se ha restringido "al máximo" el aporte de documentación por parte de las familias.

De hecho, en el caso concreto del domicilio familiar, la nueva norma especifica que la información necesaria para acreditar este concepto será suministrada directamente a la Consejería de Educación por el Instituto Nacional de Estadística y solo cuando la información obtenida no coincida con el domicilio que consta en la solicitud, la persona solicitante "deberá aportar, previo requerimiento de la persona que ejerce la dirección del centro docente público o de la persona física o jurídica titular del centro docente privado concertado, el certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento que corresponda".

Así pues, debido a este "cruce informático entre las bases de datos oficiales" —cuyos documentos estima Educación que no solo son válidos sino también veraces—, las mencionadas fuentes consideran que este año "será muy complicado" que se cometa algún tipo de fraude. Con todo, recuerdan a las familias solicitantes que, por primera vez y a diferencia de años anteriores, los menores perderán "todos los puntos" si finalmente se constata que se ha comedido alguna irregularidad.

Ésta es precisamente una de las recomendaciones que en su informe de 2010 Chamizo hacía a la Consejería y que ha sido trasladada al nuevo decreto de escolarización, después de que ambas administraciones mantuvieran diversos encuentros en el verano de 2010. "Muchas de las sugerencias del Defensor han contado con la respuesta y admisión de la Consejería", zanjan desde Educación.