Asegura sin embargo que "ni la Dirección General de Trabajo ni la Junta son responsables" de las prejubilaciones fraudulentas

Reconoce que la Intervención "emitió informes" y aunque "se redactaron borradores", éstos "nunca se transformaron en una norma"

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que "no pedía autorización" a sus superiores para sus "actuaciones", pero al tiempo ha señalado que "siempre informó —de su gestión— en el Consejo de Dirección" de la Consejería de Empleo, un órgano al que asistían "el consejero de turno, el viceconsejero, la secretaria general técnica y los propios directores generales".

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El "fondo de reptiles"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

El papel de Francisco Javier Guerrero en los hechos es una pieza clave en la investigación, dado que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, durante los mandatos de Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández como máximos responsables de la Consejería de Empleo. Guerrero, a tal efecto, prestó el pasado 11 de marzo declaración como imputado ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial, según un atestado policial recogido por Europa Press.

"agilidad en el pago" y los informes de la intervención

De su declaración se desprende que las partidas presupuestarias destinadas a financiar estas "ayudas sociolaborales" en cuestión fueron bautizadas primero con el título de 22E y después como 31L, aunque siempre "aprobadas" por el pleno del Parlamento andaluz. Sobre el convenio entre su departamento y el IFA, gracias al cual la segunda de las instituciones se convirtió en la pagadora de los incentivos salvando supuestamente los controles de fiscalización, Guerrero ha declarado a los investigadores que tuvo por objeto "la garantía de que la dotación presupuestaria no se puede tocar", así como "la agilidad para el pago" de las ayudas.

Guerrero ha reconocido que la Intervención General de la Junta de Andalucía, ante esta fórmula, "emitió informes para la mejora del sistema, por lo que se redactaron borradores de decreto y de orden que nunca se transformaron en una norma, por lo cual se continuó con el sistema". Cuestionado sobre si a la hora de resolver la financiación de prejubilacines "consensuaba o solicitaba" autorización a sus superiores, Guerrero ha respondido a los agentes que "autorización no pedía, pero daba cuenta de su gestión en los Consejos de Dirección".

Los consejos de dirección

"La Dirección General de Trabajo siempre informó de sus actuaciones en los consejos de dirección de la Consejería, a los que asistían el consejero de turno, el viceconsejero, la secretaria general técnica y los directores generales de la propia Consejería, figura en este atestado recogido por Europa Press en cuanto a la comparecencia de Francisco Javier Guerrero. No obstante, este imputado en las diligencias ha aclarado que "ni la Dirección General de Trabajo ni la Junta son responsables" de la prejubilación, mediante expedientes de regulación de empleo, de personas ajenas a las plantillas de las empresas afectadas por estos procedimientos.

A tal efecto, Francisco Javier Guerrero ha aseverado ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial que "nunca" ha llevado a cabo en el ámbito de sus competencias, "ninguna acción con la conciencia de ilegalidad o discrecionalidad"