El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que la posible anulación de las candidaturas de Bildu "es una decisión compleja", por lo que ha pedido respeto para el trabajo de los jueces después de que la Sala del 61 de Tribunal Supremo resolviese dar 24 horas (hasta la medianoche de este sábado) para ampliar las alegaciones de la coalición electoral a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que solicitan la anulación de sus candidaturas.

"Estamos en manos del mayor tribunal de nuestro país, que es el Tribunal Supremo, por tanto estará sin duda a la altura de su responsabilidad, que adopte la decisión que tenga que adoptar y todos tenemos que acatarla", ha subrayado el ministro.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha remarcado que "el Gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es presentar las pruebas a su alcance y razonarlas en derecho", al tiempo que ha subrayado que "es lógico" que "cesen la presiones" a los jueces en relación con la impugnación de las listas de Bildu (en referencia a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que ha pedido al PP que no realice presiones). Asimismo, ha demandado que "se deje trabajar" en "un asunto de esa complejidad y tan relevante".

En esta línea, el ministro de Justicia ha señalado que los jueces "tienen un plazo relativamente corto porque así lo establece la Ley Electoral". "No debemos olvidar que en una democracia y en un Estado de derecho, quien tiene en estas cuestiones de aplicación la última palabra son los jueces", ha sentenciado.

Sobre el hecho de que el ponente del proceso que tramita el Tribunal Supremo sobre Bildu, Mauel Alarcón, sea partidario de autorizar las listas de Bildu, Caamaño ha mostrado su deseo de que los jueces "puedan deliberar y encontrar una solución que sea correcta desde el punto de vista de aplicación de la ley".

"Precisamente porque no debe haber presiones y debemos dejarlos trabajar en paz no deberíamos estar comentando, al menos yo no debo como ministro de Justicia realizar ningún tipo de comentario", ha apuntado.

Por ello, ha abogado por que "se defiendan los derechos y libertades de todos los españoles", pero que "se aplique la ley por igual para evitar que si hay personas que apoyan y no condenan deliberadamente la violencia, o son una carcasa instrumental para apoyar a otros, esas personas no estén en los órganos del Estado".

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que actúe "con sentido común" y que huya de las "sentencias políticas" en el caso de Bildu.

"Los políticos no debemos presionar al Tribunal Supremo mientras que delibera, pero los jueces tampoco deben hacer sentencias políticas, y el Estado de Derecho consiste en aplicar la ley con sentido común y prudencia", ha subrayado González Pons.

Para el popular, este sentido común "dice lo que dice, lo que piensan la mayoría de los españoles que tienen sentido común".

Por su parte, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, ha exigido este sábado que "se pongan encima de la mesa todos los instrumentos del Estado de Derecho para que los amigos de los terroristas no estén en las instituciones democráticas", respecto a la impugnación de candidaturas de Bildu.

Arenas, que ha intervenido en Benalmádena (Málaga) en la clausura del congreso regional de Nuevas Generaciones, ha advertido de que en este asunto "no caben medias tintas" y "se está con la libertad con todas las consecuencias".

Ello exige "no negociar nunca con los asesinos", porque "con las pistolas no se negocia, a las pistolas se les derrota", según el dirigente popular, que ha reiterado su deseo de que "el Estado de Derecho impida la presentación de las candidaturas de los amigos de los terroristas".