El secretario de Empleo de CCOO de Asturias, Miguel Iglesias Ballina, ha opinado este viernes que los datos de la Encuesta de Población Activa son "pésimos" y constatan el "progresivo y alarmante" deterioro del mercado laboral asturiano que, en términos relativos, "pierde el doble de empleo que la media del país".

Miguel Iglesias Ballina critica, por otra parte, el plan del Gobierno contra el empleo sumergido, que "no compensa a los trabajadores que han sufrido la explotación laboral y exculpa y beneficia a los empresarios defraudadores".

El secretario de Empleo de CCOO de Asturias destaca que "2011 ha comenzado con la destrucción de 7.400 empleos en la región, y lo más alarmante es que el paro ha crecido en Asturias el doble que en el conjunto del Estado".

En su opinión, se trata de dos datos que "radiografían la gravedad del problema del paro en Asturias: por una parte, que de los 86.900 desempleados que registra la EPA, casi la mitad, 41.500, buscan empleo desde hace más de un año, y de ellos 22.100 están en paro desde hace más de dos años; y, por otra, que más de 33.000 hogares asturianos con personas en condiciones de trabajar (el 11,79% del total) tienen a todos sus miembros en paro, una proporción que no deja de crecer y ya supera la media estatal (10,70%)".

La organización sindical cree que "la situación persistirá mientras el Gobierno central no cambie radicalmente su política económica y priorice las medidas para la salida de la crisis y la reducción de sus consecuencias más negativas, reforzando la inversión pública y las acciones destinadas a la creación de empleo y la protección social".

En esta línea, le exigen que, en el marco del acuerdo de concertación regional, agilice la ejecución y potencie las medidas orientadas a la inversión productiva, la creación de empleo y la protección social.

A juicio del sindicato, la EPA "evidencia el fracaso de una reforma laboral", cuyos objetivos declarados eran "justamente los contrarios".

Ballina ha criticado, por otra parte, el plan contra el empleo sumergido al entender que "se trata de un plan que no va a permitir que aflore el grueso del empleo sumergido -al excluir de su aplicación el empleo doméstico y el autónomo-; empeora los derechos de los trabajadores, dado que al empresario defraudador sólo se le exige la cotización de seis meses atrás y se le permite aflorar el empleo sumergido con un contrato temporal -hasta ahora el contrato debía ser indefinido-".

Además, "no se hace ninguna referencia al fraude fiscal, en el que también incurre el empresario con empleo irregular, y que está originando una importante pérdida de ingresos públicos que son tan necesarios para superar la crisis". "Difícilmente se podrá combatir con eficacia el empleo sumergido, si no se amplía sustancialmente la plantilla de inspectores de Trabajo, lo que tampoco contempla el Plan", señaló.