Un total de 120 agentes de las Unidades de Reserva de la Guardia Civil reforzarán las actuaciones previstas en Castilla-La Mancha dentro del Plan contra los Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas —puesto en marcha por el Ministerio del Interior— para acabar con este problema en la región.

Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, tras la reunión que ha mantenido este viernes con representantes de las asociaciones agrarias de la región, ASAJA, UPA, y UCAMAN, en la que también han participado el general jefe de la segunda zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Joaquín Eugenio Ruiz, el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en la región, Juan Carlos Ortiz, y los subdelegados del Gobierno de las cinco provincias manchegas.

El delegado del Gobierno ha explicado que estos 120 agentes reforzarán "durante el tiempo que sea necesario" las actuaciones de las unidades especiales de prevención de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que se desarrollarán en cada una de las demarcaciones territoriales de la región.

Así, se llevarán a cabo medidas como el control de vehículos y dispositivos de vigilancia, intensificándose estas tareas en la zona de la Mancha y la Manchuela —Toledo, Ciudad Real, Cuenca, y Albacete— por ser "las más afectadas", según el delegado. Del mismo modo, se incrementarán los controles en los horarios en los que más robos se han producido.

Máximo Díaz-Cano ha destacado también el esfuerzo que van a hacer se va a llevar a cabo las unidades orgánicas de la Policía Judicial en la investigación de los robos, y ha añadido que las unidades de tráfico y los agentes del SEPRONA también van a colaborar.

En este sentido, ha informado sobre un incremento en las inspecciones de los centros donde se produce la compraventa de chatarra y metal, "ya que en muchos casos el material puesto en venta se ha conseguido de forma ilegal y procede de instalaciones agrícolas y espacios públicos", ha dicho.

El objetivo es romper el circuito de compraventa ilegal de chatarra y metal férrico por ser "el motor" que genera los robos en las instalaciones agrícolas. Unas afirmaciones basadas en la experiencia acumulada por los cuerpos de seguridad y por las observaciones de los agricultores, "que señalan coincidencias entre los modus operandi llevados a cabo en este tipo de delitos", ha dicho.

Cooperación de los agricultores

En cuanto a una posible modificación de la legislación vigente, el delegado ha mostrado "confianza en el marco legal y en los instrumentos que están actualmente en vigor", y ha señalado que no serán necesarias modificaciones legales.

A este respecto ha añadido que para reforzar la acción penal y procesal de este tipo de delitos, ha pedido a las asociaciones agrarias que estudien "la posibilidad de que se puedan personar como acusaciones particulares o actores civiles en los procedimientos legales", una propuesta "que han recibido con satisfacción".

A partir de esta reunión, se celebrarán en cada una de las provincias y comarcas de Castilla-La Mancha encuentros para informar de la evolución "y los logros" conseguidos a través del Plan contra los Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas —en vigor a partir del 2 de mayo—, así como para "recoger la información que puedan aportar los agricultores de cada zona", ha añadido el delegado.