La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, ha explicado que este sábado se publicará en el Bopa una resolución que regulará a partir del próximo mes de mayo las aportaciones económicas de los beneficiarios de servicios sociales en el Principado de Asturias.

En rueda de prensa, ha señalado que la nueva normativa constituye un "paso importante" en el desarrollo de la Ley de la Dependencia, de la que se benefician en torno a 15.000 personas en Asturias, pero afectará también a los 11.700 beneficiarios de otras prestaciones.

La novedad radica en valorar la capacidad económica de esas 26.700 personas para fijar un tratamiento universal y homogéneo de los servicios prestados y acabar con las desigualdades preexistentes, en función de la entidad y del tipo de prestación.

Además, como novedad importante, a partir del próximo mes de mayo se harán compatibles servicios y prestaciones que "no lo eran". De este modo, según Martín, los dependientes que soliciten la prestación de cuidados de un familiar podrán compatibilizarlo con una atención en centros de día.

De esta forma, para el cálculo de la actividad económica se tienen en cuenta, entre otros particulares, los recursos que los dependientes comparten con familiares de ingresos más bajos, se protege la vivienda habitual, que no se computa en el patrimonio, al igual que los ahorros de hasta 50.000 euros en el caso de las personas atendidas en centros de día.

En el caso de las personas con discapacidad, la Consejería tratará de incentivar su inserción laboral, restándoles porcentajes de entre el 10 y el 40 por ciento de su actividad económica.

La consejera ha precisado que se trata de un proceso complejo que implica la valoración económica de nuevos y antiguos usuarios. Una vez concluido, cada beneficiario recibirá una comunicación con el precio que debe abonar por su servicio. Los cambios llevarán asociada una modificación presupuestaria que no implicará, según el Gobierno, pérdida de recaudación para las arcas públicas.