Las organizaciones convocantes (de inmigrantes, campesinas, religiosas, estudiantiles...) aseguraron, no obstante, que la cifra dada por la Policía se quedó «muy corta». Exigen que las nuevas leyes no penalicen a los 12 millones de indocumentados que, se calcula, residen actualmente en los EE UU, ni a los empresarios que les ofrezcan un trabajo.