El Consejo de Ministros aprobará hoy el plan del Gobierno contra el empleo sumergido, que genera unos 82.000 millones de euros, según los técnicos de Hacienda, y el programa de estabilidad y de reformas nacionales que el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea antes de que finalice este mes.

El primero concede a los empresarios un periodo de entre dos y tres meses para que regularicen de forma voluntaria y sin sanciones el empleo sumergido.

Una vez transcurrido ese plazo, si los empresarios no tienen afiliados a sus trabajadores a la Seguridad Social o emplean a beneficiarios de prestaciones del sistema que sean incompatibles con el trabajo, las sanciones se multiplicarán de 1,6 a 5 veces.

También está previsto que se apruebe el programa de estabilidad y reformas que el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea antes de que finalice este mes y que incluye los compromisos de España dentro de la estrategia económica de Europa para la próxima década.

El Gobierno también estudiará al anteproyecto de ley  por el que se integran 820.000 trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario (Reass) en el Régimen General de la Seguridad Social.

El texto normativo, que integra a los trabajadores agrarios en el Régimen General de la Seguridad Social, da satisfacción a una reivindicación histórica de este colectivo y de sus organizaciones representativas.

A partir de la entrada en vigor de la reforma, que será el 1 de enero de 2012, los trabajadores agrarios cotizarán por su salario real, lo que les igualará al resto de los trabajadores.