El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará este viernes, a partir de las 10.00 horas, al ex portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, y a su mujer, Antònia Martorell, imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública después de que a ésta le fuesen incautados 11.000 euros en billetes de 500 cuando el pasado 9 de abril acudió a prisión para ver a su marido, quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por una pieza separada del caso Son Oms.

De este modo, Vicens deberá ser excarcelado para que pueda prestar declaración ante el magistrado instructor de los casos Son Oms y Maquillaje, en los que el ex dirigente 'uemita' está siendo investigado. Vicens se encuentra privado de libertad desde julio de 2010 después de que el Tribunal Supremo rebajara a tres años de prisión la pena de cuatro años y medio impuesta al ex diputado por pagar 12.000 euros públicos a su contable particular por un informe plagiado de Internet.

Tanto Vicens como Martorell, defendidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, serán interrogados este viernes en torno al hallazgo de 22 billetes de 500 euros en una caja de zapatos que iba a entregar al imputado, y que fueron interceptados por los funcionarios de prisión antes de que pudieran llegar a manos del también ex conseller insular de Territorio, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

A raíz de estos hechos, el director de la cárcel elaboró un informe sobre lo sucedido y lo remitió a la Fiscalía, mientras que el dinero incautado fue posteriormente entregado al Juzgado. Lope Sola ordenó de este modo la apertura de una investigación a fin de esclarecer estas circunstancias.

Cabe recordar que Vicens fue condenado en el marco de una pieza separada del caso Son Oms al considerar probado que ordenó el pago de 12.020 euros públicos a principios de 2007 a su asesor fiscal por la elaboración de un informe sobre el valor del suelo que fue copiado de Internet. De este modo se convirtió en el primer diputado balear condenado y hasta que abandonó su escaño en diciembre de 2009 -un día después de ser dictada la sentencia-, de él dependía la mayoría parlamentaria del Govern.

Ello pese a que, de acuerdo al reglamento del Parlament, se podría haber dado la circunstancia de que Vicens hubiera mantenido el escaño aun estando ingresado en la cárcel, teniendo en cuenta que el artículo 8.2 establece que el diputado quedará suspendido en sus derechos y prerrogativas en caso de que haya una sentencia firme judicial contra él, posibilidad que el entonces parlamentario del Grupo Mixto no agotó por recomendación de sus abogados.

Ahora se enfrenta a otra petición de pena de seis años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción dentro del caso Can Domenge, otra de las causas en las que se encuentra imputado y en la que se investiga la venta presuntamente irregular de los solares palmesanos por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el marco y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en este procedimiento.