La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha archivado una denuncia contra el magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón, Ángel Luis Campo, por derivar asuntos a un servicio de mediación organizado por su hermana.

La demanda fue interpuesta el pasado 15 de febrero por el decano del Colegio de Abogados de Gijón, en nombre de dicha Corporación y en ejecución de un acuerdo de su Junta de Gobierno.

Según informaron fuentes de Fiscalía, el fiscal jefe, Gerardo Herrero, considera que "no existe infracción penal alguna" puesto que "la actuación del magistrado denunciado fue tratar de organizar de la mejor manera posible un servicio, como consecuencia de una conversación con la entonces directora de Justicia del Principado de Asturias, en la que se acordó crear un grupo de trabajo para impulsar la mediación intrajudicial y redactar un reglamento".

Además, según Herrero, "se contactó con una vocal del Consejo General del Poder Judicial, que autorizó organizar dicho servicio, que finalmente se realizó a través de una Asociación Asturiana de Mediación (MAPA), presidida por la hermana del magistrado, haciendo constar que no tendría actuación alguna en el proyecto".

Añade que el magistrado solicitó autorización a la fiscal jefe de Área de Gijón para la utilización del despacho asignado a la sección civil de la Fiscalía, que "no se estaba utilizando desde hacía un tiempo" y en el que "tan sólo se realizaron los trámites iniciales de entrevista entre los letrados, las partes y los mediadores, sin que hubiera alguna actuación relevante".

Así las cosas, desde mayo de 2010 se realizaron diversas mediaciones como consecuencia de la puesta en marcha de dicho proyecto, pero "en ningún caso queda acreditada la intervención en los mismos de Susana Campo -la hermana del juez-, ni que existiera algún tipo de retribución".

Igualmente, "no consta que el magistrado denunciado obligara a las partes a someterse a mediación, teniendo por lo tanto un carácter voluntario". Concluye que se trataba simplemente de "un proyecto experimental que podría incluso tener alguna efectividad práctica".

A la vista de lo anterior, la Fiscalía Superior del Principado ha decretado el archivo de las investigaciones al entender que "no ha existido ninguna resolución injusta o contraria a derecho por parte del magistrado denunciado, para integrar el tipo legal de prevaricación".