La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), la cordobesa Rosa Aguilar, se ha comprometido con el comité de empresa de Locsa a mediar ante el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para que se reúna lo antes posible con los representantes de los trabajadores de dicha factoría metalúrgica cordobesa.

Según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa de Locsa, cuyo cierre ha anunciado para el próximo 30 de junio su propietaria, la multinacional italoalemana KME Group, ha sido la propia titular del MARM y ex alcaldesa de Córdoba la que, animada por el responsable de Salud Laboral de CCOO-Andalucía y trabajador de Locsa, Francisco Ferrero, se puso en contacto con el comité de empresa de la fábrica cordobesa, que emplea a 120 personas (30 prejubiladas).

Aguilar ha asegurado a los representantes de los trabajadores de Locsa "que va a concertar una entrevista" de éstos "con el ministro de Industria y ella misma", para analizar la situación de la fábrica y las posibles soluciones para su actual situación, dado que KME solo está dispuesta a vender la fundición de la factoría, que apenas daría empleo a una veintena de personas, no contemplando la opción de vender al completo la fábrica, para que otro inversor mantenga la actividad y los puestos de trabajo.

Al margen de dicha reunión, que no se ha concretado si será en Córdoba o en Madrid, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves por unanimidad una declaración institucional en la que expresa su "apoyo a los trabajadores de KME Locsa, en el objetivo de la no deslocalización de la empresa y el mantenimiento de la producción y del empleo. En unos momentos en los que no se puede consentir un aumento del desempleo, máxime cuando la empresa obtiene beneficios".

De igual forma, el Pleno del Consistorio cordobés ha pedido a KME Group "que mantenga la planta de Córdoba, con beneficios y un número de empleos directos e indirectos importantes, o permita que otra empresa se quede con la planta, al igual que hizo el actual Grupo KME en el año 2004", cuando se hizo con la factoría cordobesa, cuyos orígenes se remontan a 1917.

De hecho, en la declaración institucional se argumenta que "esta larga tradición industrial ha estado acompañada de miles de trabajadores que han conseguido que la industria de los derivados del cobre en Córdoba sea rentable", hasta el punto de que "durante el pasado año 2010 la empresa de Córdoba fue la primera del grupo europeo, con una alta productividad trabajador/hora y en el primer trimestre del año 2011 la empresa tiene beneficios".

La plantilla, según se ha recordado en el Pleno, "está compuesta por 120 trabajadores directos y genera más de 500 empleos indirectos en el transporte y las industrias auxiliares del sector. Tiene una producción de 40.000 toneladas de derivados del cobre al año. Sin embargo, a pesar del buen trabajo, de los beneficios y de la cantidad de empleo, tanto directo como indirecto que genera, el grupo de capital italo-alemán ha planteado su deslocalización mediante el cierre de la empresa e imposibilitando, de momento, que otra empresa pueda quedarse con la planta, la producción y los trabajadores", de ahí que el Consistorio pida a KME que venda la fábrica y permita así la continuidad de su actividad y el mantenimiento del empleo que genera.