Los empleados públicos, tanto asociaciones, plataformas y sindicatos, se manifestarán el sábado 14 de mayo en la capital andaluza en protesta por la promulgación de la Ley de Reordenación del Sector Público en Andalucía, así como por la aprobación de los decretos de creación de ocho agencias por el Consejo de Gobierno, el pasado 19 de abril "nuevamente con alevosía y en periodo vacacional".

La manifestación está convocada por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, la Asociación El Tercer Lado, por Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública, y la Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía. Además, de por las organizaciones sindicales Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSI-F), la Confederación General del Trabajo-Andalucía (CGT-A), la Unión Sindical Obrera-Andalucía (USO-A), la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea), el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa), la Asociación Sindical Piensa Volens y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).

La manifestación transcurrirá desde la Plaza Nueva, pasará por la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo y finalizará en la Plaza de España. Esta convocatoria es fruto del acuerdo adoptado en la reunión de empleados públicos de Andalucía, celebrada en Antequera del pasado 16 de marzo, y a ella concurrirán, además de las plataformas y asociaciones de empleados públicos, ppositores y funcionarios, las organizaciones sindicales "más representantivas" del sector público Andaluz en todos sus ámbitos y que "no han actuado en connivencia con la Junta de Andalucía, para consumar la aprobación de una ley, a todas luces, inconstitucional".

En este sentido, en una nota los empleados públicos recuerdan que el reconocido jurista y profesor Manuel Clavero Arévalo, se ha pronunciado sobre la "inconstitucionalidad" de esta ley, un informe que ha sido presentado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, para su remisión a la Defensora del Pueblo nacional, María Luisa Cava de Llano y Carrió, para que interponga recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.