La economía sumergida en el empleo de Canarias se sitúa en torno a los 3.900 millones de euros, lo que supone un 9,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) generado anualmente en la comunidad, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido.

A nivel nacional, según se desprende en un comunicado, la cifra ronda los 82.500 millones de euros, lo que supone un 8 por ciento del producto interior bruto. Este colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Canarias —hasta el nivel de los países europeos más desarrollados— permitiría recaudar cada año más de 500 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la comunidad, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife (2.340 millones de euros anuales) es la que oculta un mayor empleo irregular, por delante de Las Palmas, con unos 1.596 millones de euros anuales. Asimismo, Gestha ha recordado que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3 por ciento del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9 por ciento, casi dos terceras partes —161.647 millones de euros— proceden del fraude fiscal, un componente "que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno".

El fraude tributario,

Origen del problema

Otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en nuestro país es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registraron casi 100.000 infracciones en acta —un 8,3 por ciento de sus intervenciones—.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según cifras publicadas por la propia ITSS. Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda han propuesto la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.

Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral.