El exdelegado provincial de la Consejería de Empleo y ex secretario general del PSOE de Camas (Sevilla) Antonio Rivas, imputado por el Juzgado de Instrucción número seis en las diligencias relativas a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha aclarado este martes que no "comparte la filosofía" de su abogado a la hora de posicionarse a favor de que la Junta de Andalucía entregue a la juez Mercedes Alaya las actas correspondientes a las sesiones celebradas por su Consejo de Gobierno en los últimos diez años. En declaraciones a Europa Press, Rivas ha revelado que su letrado no le habría consultado antes de alegar a favor de este aspecto en el marco del conflicto de jurisdicción elevado por la Administración andaluza al Tribunal Supremo (TS) en defensa del carácter reservado de estos documentos.

El abogado que representa los intereses de Antonio Rivas en esta causa, Jon Ander Sánchez, había explicado este mismo martes a Europa Press que ha formalizado ante el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un escrito de oposición al conflicto de jurisdicción promovido por la Administración autonómica, que a través de un acuerdo de su propio Consejo de Gobierno había resuelto la "imposibilidad legal" de levantar el carácter reservado de las actas correspondientes a las sesiones celebradas por este órgano autonómico en los últimos diez años, extremo precisamente reclamado por la juez.

No obstante, el propio Antonio Rivas ha explicado a Europa Press que ha conocido "a través de los medios de comunicación" esta medida adoptada por su abogado. "Para nada comparto la filosofía de mi letrado en esto", ha aseverado el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo. A tal efecto, ha asegurado, desde su "total inocencia", que le es "indiferente que se abran las actas o no", pero de cualquier manera, se trata de documentos "secretos" y ese aspecto "tendrá que resolverlo el órgano judicial superior que corresponda, pero no yo".

"He sido y seré siempre respetuoso con la Justicia y mi cometido —como delegado provincial de la Consejería de Empleo— lo he resuelto siempre dentro del estricto marco de la Ley", ha señalado Rivas, quien ha insistido en que a él, le resulta "indiferente" el acceso o no de la juez al contenido de las actas en cuestión, pero de cualquier modo "esas actas son secretas y en este conflicto debe ser un órgano superior oficial el que determine, pero no yo". Así, Rivas ha asegurado que Jon Ander Sánchez no habría consultado con él a la hora de formular el mencionado escrito ante el Juzgado de Instrucción número seis, pues "la primera noticia que he tenido de esto ha sido a través de los medios de comunicación".

La trama de los ere

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos y la relación de estos hechos con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para canalizar a través de esta última institución las ayudas a re estructuraciones laborales de empresas en crisis.

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante esta fórmula, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y cuyo montante total ascendería a 647.869.157,45 euros, constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía al haber esquivado los controles administrativos y la preceptiva fiscalización.

El conflicto de las actas

En este marco, la juez Alaya reclama al Ejecutivo andaluz las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, sobre todo a cuenta de las advertencias impulsadas desde la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía sobre el mencionado acuerdo con el IFA y las ayudas que estaban siendo libradas gracias a dicho convenio. Dada la negativa del Gobierno andaluz a entregarle dichos documentos a cuenta de su carácter reservado, las actas se encuentran actualmente custodiadas en un armario acorazado en los juzgados sevillanos a la espera de que sea resuelto el conflicto de jurisdicción elevado al Tribunal Supremo (TS) para dilucidar si la juez en cuestión goza de potestad o no para acceder directamente a estos documentos.