El sindicato CSIF-A ha presentado este martes una querella en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla mediante la cual se personará ejerciendo la acción popular contra las personas imputadas en la trama de las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) registradas en Andalucía "al entender la gravedad de la situación".

Según una nota del sindicato, el presidente de CSIF-A, Rafael Hurtado de Mendoza, y el vicepresidente de CSIF, Andrés Montero, presentaron —con la procuradora Dolores Viñals y la abogada de la asesoría jurídica de CSIF, Marta Jiménez Bermejo— en los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla la querella por la que la central sindical se persona en la causa de los ERE presuntamente irregulares, mostrando "toda su voluntad para ayudar para que la legalidad vulnerada sea repuesta".

Para CSIF-A, "la indebida utilización del dinero público, precisamente del destinado a los que más lo necesitan, los parados; en un país, con cifras astronómicas de desempleados a los que se han recortado recientemente sus prestaciones sociales, en el que se han congelado las pensiones, y en el que se ha bajado el sueldo a los empleados públicos, es especialmente grave y no debe quedar sin una profunda investigación, la exigencia de responsabilidades a los culpables y la reparación del daño causado a la sociedad".

A juicio de este sindicato, "la utilización de entidades instrumentales de la llamada 'administración paralela' de la Junta de Andalucía; entre otras cuestiones para gestionar los fondos y hacer los pagos indebidos, ha sido propiciadora de lo ocurrido, al producirse con ello una clara huída de las garantías que ofrecen el Derecho Administrativo y los empleados públicos a toda la sociedad, y en definitiva para que se pudiera producir todo este desaguisado".

Para CSIF "ello nos viene a dar la razón con respecto a todas cuantas denuncias venimos realizando en cuanto a la situación en la Junta de Andalucía, antes de producirse la reordenación del sector público andaluz, y ahora con los peligros de futuro que venimos advirtiendo pueden producirse con la misma, por lo que CSIF-A viene pidiendo su derogación, y la aplicación estricta de la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público, al margen de inventos que puedan llevarnos a situaciones como la denunciada".

CSIF-A exigirá las responsabilidades pertinentes a sus autores y la devolución del dinero defraudado con sus intereses correspondientes "sirviendo así de ejemplo para evitar en el futuro que sucedan casos lamentables como éste".