La defensa de dos de los acusados por la muerte en 2004 de un hombre que trabajaba como vigilante nocturno en una urbanización de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria han asegurado que en esta causa se ha llegado a juicio sin que se haya agotado la investigación por completo.

Un jurado popular juzga desde este lunes a cuatro hombres, uno acusado como autor material de los hechos, mientras que los otros tres aparecen como inductores, siendo uno abogado de profesión. El fiscal solicita para cada uno una pena de 18 años de cárcel por un delito de asesinato.

Así, han señalado que no se han investigado las llamadas que recibió la víctima durante la noches antes de morir ni se ha tomado declaración como testigos a las personas que se debía. Además, han indicado que no se ha concluido la investigación sobre unas personas que fueron detenidas en su momento.

Asimismo, los letrados han puesto de manifiesto ante el Tribunal popular que la víctima tenía "muchos enemigos" y que había "muchas personas que le tenían ganas", insistiendo en que no hay pruebas contra sus patrocinados, los cuales comenzarán a declarar este martes.

Los hechos sucedieron en noviembre de 2004. El hombre al que se le acusa como autor material, primera persona en ser imputada en esta causa y que iba a ser juzgado solo, "se prestó por dinero, cuyo origen hay que centrarlo en el resto de los acusados", a acabar con la vida del vigilante, según la calificación inicial del fiscal.

En el caso de dos de los hombres acusados como inductores de un delito de asesinato, la acusación pública sostiene, según su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, que estaban "ávidos de vengar ciertas afrentas y ataques personales de la víctima".

Respecto al abogado, que iba a ejercer como acusación particular en el juicio previsto en 2007 contra el primer imputado, se indica que estaba "interesado también por razones personales". Su letrado ha rechazado los distintos motivos que se le achacan por parte de los investigadores y ha apuntado que "era amigo" de la víctima.

La Fiscalía señala que "la promesa de entrega de sus honorarios antes del encargo y la entrega del dinero después" la desarrolló este último acusado. Así, se señala que éste "ha entregado al menos 6.000 euros, sin perjuicio de que se hubiera comprometido a pagar otros 4.500", que no entregó, según el fiscal, porque fue detenido.

Así, de madrugada y sabiendo que la víctima prestaba servicios como vigilante nocturno en una urbanización, el primer acusado se puso en un lugar donde no podía ser visto para, "por la espalda, sin que la víctima pudiera advertir su presencia o, aún advirtiéndola, pero sin permitirle reacción alguna", acabar con su vida.

Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, este procesado "empuñaba una escopeta" con la que disparó "hasta en dos ocasiones" al vigilante, "acabando con su vida", ya que los impactos le provocaron un shock hipovolémico, consecuencia de la rotura de la arteria ilíaca externa.

Al letrado también se le acusa por un delito contra la Administración de justicia, ya que supuestamente dijo expresiones "violentas" contra uno de los acusados que entonces era testigo ante el riesgo de poder ser "salpicado" y con el objetivo de que modificara sus declaraciones.