La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga ha acusado a los ayuntamientos de la provincia de Málaga de "asfixiarles" con deudas que superan los 150 millones de euros. Esta cantidad, sumada a los 160 millones que el colectivo reclama a la Junta de Andalucía, sitúa a las empresas constructoras en la provincia y a sus plantillas "en una crítica situación".

Los datos recopilados por la ACP determinan que las empresas del sector han ejecutado en los últimos años obras por un importe superior a los 300 millones de euros, que aún no han sido pagadas por las distintas administraciones locales y autonómica.

Los constructores se han mostrado preocupados por el hecho de que los alcaldes "se escuden tras las elecciones en que esas deudas no corresponden con la legislatura, como han hecho con anterioridad o en la inexistencia de dinero que no deja de significar una falta grave de gestión y control al confirmarse que se contrataron obras y servicios sin tener la seguridad de poder pagarlos".

Por este motivo, los empresarios ven "como única salida que la justicia siga imponiendo responsabilidades penales a los responsables municipales, como continuación a la puerta abierta por algunas sentencias dictadas en los últimos años"; no obstante, han lamentado que no haya un procedimiento "agilizado para que cuando lleguen las sentencias no sea demasiado tarde para salvar a muchas pequeñas y medianas empresas que en ese tiempo puedan morir por asfixia financiera".

Además, han puntualizado a través de un comunicado, cada día que pasa sin que paguen "nos cuesta más todos los ciudadanos". Concretamente, "la deuda de 150 millones crece en concepto de intereses en 50.000 euros diarios, que tendrán que salir de las arcas públicas".

Ley de morosidad

La ACP ha exigido a los consistorios el cumplimiento de la Ley de Morosidad en su totalidad, tanto en los plazos de pago como en la creación por parte de la administración competente de los Registros Municipales de Facturas "que son obligatorios según la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Morosidad desde el mes de julio del año 2010 y sin embargo la mayoría de los Ayuntamientos no los han puesto en marcha aún".

Estos registros, han continuado, permitirían a los empresarios conocer el orden que ocupa su factura dentro del total de deudas de la Administración municipal, permitiéndole planificar su tesorería "y dando mayor transparencia a que se siga el orden de pago con el único criterio de pagar en primer lugar las deudas más antiguas y no ningún otro que vulneraría la ley".

Dicha ley, según la ACP, obliga al equipo de gobierno a presentar trimestralmente los informes de morosidad del Ayuntamiento ante el pleno municipal, "a los que se debería dar publicidad, por ser de interés general conocer la buena o mala gestión de nuestros gobernantes", fundamentalmente porque el hecho de no pagar "agrava la deuda ya que el interés que fija la Ley de Morosidad por las deudas impagadas ronda el 10 por ciento".