El juez Castro deniega prorrogar el plazo del que dispone Matas para designar nuevo abogado

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha denegado prorrogar el plazo del que dispone el ex presidente del Govern y principal imputado del caso Palma Arena, Jaume Matas, para designar nuevo abogado, después de que quien hasta hace poco le defendía, Rafael Perera, solicitase este martes que el encausado contase con diez días más para buscar nuevo letrado, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha denegado prorrogar el plazo del que dispone el ex presidente del Govern y principal imputado del caso Palma Arena, Jaume Matas, para designar nuevo abogado, después de que quien hasta hace poco le defendía, Rafael Perera, solicitase este martes que el encausado contase con diez días más para buscar nuevo letrado, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Cabe recordar que el pasado día 13 el magistrado concedió mediante providencia a Matas diez días para que designase nuevo abogado, si bien en un principio había decretado que fuesen tres días. En caso de que el ex jefe del Ejecutivo autonómico no nombre un letrado de su elección, se le asignará uno de oficio.

Perera decidió abandonar la defensa del ex presidente por motivos que forman parte del "secreto profesional" aunque "estrictamente profesionales", lo que tuvo lugar de forma "cordial y de mutuo acuerdo" con Matas, según precisó el abogado, quien mantiene la "confianza de que Matas conseguirá demostrar su inocencia en los distintos procesos que tiene en curso".

Un hecho que se produjo días después de que el imputado renunciase por motivos económicos al abogado que le asistía desde Madrid, Manuel Ollé. Según reconoció Matas, las razones que le llevaron a prescindir de los servicios de Ollé son estrictamente económicas.

En concreto, sobre Matas, en libertad bajo fianza de tres millones de euros, pesan sobre él los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

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