La Consejería de Educación ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha otorgado amparo a la profesora de Religión de Almería Resurrección Galera Navarro —que fue apartada de su cargo en 2002 tras haber contraído matrimonio civil con un ciudadano alemán divorciado— "respalda" la política de personal y de contratación que la Junta mantiene con este profesorado desde que, en 2006, se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Administración educativa, la situación del profesorado de religión en Andalucía ha cambiado "radicalmente" con la implantación de la LOE porque en ella se recoge una disposición adicional que establece que a los docentes de esta asignatura también les será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores "sin perjuicio de lo contemplado en el acuerdo establecido entre el Estado Español y la Santa Sede en 1979".

Esto significa que, pese a que son los Obispados los que envían a la Consejería de Educación un listado con los profesores "potencialmente disponibles" para impartir la asignatura y que cuentan con el "certificado de idoneidad" necesario para ello, es la Administración la que ordena dicha lista de acuerdo a los criterios generales de contratación del resto de profesorado y la que finalmente distribuye en los centros a estos docentes. "Antes era el obispado el que decía en qué centros trabajaban estos docentes, e incluso con qué horario, pero ahora solo pueden darnos una lista con los docentes potenciales, como si fuera una bolsa, y ya no pueden intervenir más", indican desde Educación.

Con anterioridad a 2006, la Iglesia daba a Educación un listado que elaboraba año a año y en el que, sin necesidad de motivación alguna, podía incluir o eliminar a docentes de acuerdo a su código de idoneidad, que es lo que, según las mencionadas fuentes, "le ocurrió a esta profesora de Almería, que un año iba en la lista y al año siguiente no, y por tanto, dejó de trabajar".

En este sentido, la Administración educativa andaluza insiste en que esta situación se "ha corregido" con la LOE porque, desde 2006, la Iglesia "solo puede dar" a la Consejería el listado del profesorado de Religión potencial para Secundaria —las competencias de los que imparten clases en Primaria, como era el caso de la profesora almeriense, no están transferidas a la Comunidad andaluza, sino que dependen del Ministerio— "y nada más". "Si alguna vez esos profesores de Religión dejaran de cumplir el requisito de la idoneidad por las circunstancias que fueran, la Iglesia tendrá que remitir un escrito a la Consejería argumentando el porqué de la retirada de la idoneidad, que antes no era motivada", explican las fuentes.

Por todo ello, Educación celebra la sentencia del Constitucional y considera que, "de alguna manera, ratifica las medidas que la Consejería ya estaba aplicando" a raíz de la implantación en 2006 de la nueva normativa de educación de la comunidad andaluza. "Aun estando seguros de que estábamos por el buen camino, esta sentencia refrenda las medidas que habíamos empezado a tomar desde la LOE", recalca.

"primer convenio colectivo de la historia"

Además, el departamento que dirige el consejero Francisco Álvarez de la Chica está preparando ya la negociación de lo que será el "primer convenio colectivo de la historia" para el profesorado de religión y que, según las citadas fuentes, "contribuirá a clarificar la situación de estos docentes".

Está previsto que la negociación de este convenio comience el próximo mes de junio, toda vez que el colectivo de profesores de Religión finalice con el proceso de elección de sus representantes sindicales y que tendrá lugar a lo largo del mes de mayo.